Otro ajuste de tuercas, por Dino Carlos Caro Coria
Otro ajuste de tuercas, por Dino Carlos Caro Coria
Dino Carlos Caro Coria

Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Lima

La fiscalía ha formalizado la investigación preparatoria contra Nadine Heredia, su entorno familiar y amical más cercano, y contra el propio Partido Nacionalista por el delito de lavado de activos. Ello no es poca cosa, pues cerca del 90% de este tipo de casos termina en la etapa anterior de diligencias preliminares por tratarse de denuncias sin fundamento jurídico o probatorio y menos del 5% pasa luego a la etapa de juicio oral y sentencia. 

Dicho de otro modo, la continuidad del Caso Nadine Heredia refleja la existencia de pruebas suficientes para hallarse en una etapa excepcional. El Ministerio Público ha establecido, ahora con algún grado de especificidad, el delito precedente y los concretos actos de lavado (conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia) presuntamente ejecutados por los ahora imputados. 

Se trata, además, de un momento procesal en que el actual presidente de la República podría incluso ser investigado tras dejar el mando, por haber declarado ante el fiscal en abril que las agendas eran de “propiedad conyugal” y todo lo escrito en ellas, así como el manejo de los recursos del partido, fueron bajo sus órdenes. Estamos ante un delito común y el privilegio del antejuicio que lo protege hasta cinco años después de culminar su mandato (artículo 99 de la Constitución), solo rige para delitos de función. Eso significa que, para efectos de este caso, el presidente Ollanta Humala podría ser investigado desde el mismo 28 de julio tras la asunción del nuevo presidente.

Algo similar podría suceder con la ex candidata presidencial Verónika Mendoza, quien dejará de ser congresista en julio y, aunque primero lo negó varias veces, luego reconoció que podría haber escrito en las agendas antes de julio del 2011, cuando no era parlamentaria. Existen, además, opiniones periciales que avalarían tal posibilidad. 

Mendoza también ha reconocido que podría haber enviado los presuntos correos electrónicos mostrados por el ex embajador en Venezuela Luis Raygada, y que darían cuenta de su posible conocimiento sobre el manejo bancario de las cuentas del Partido Nacionalista. Por ello, el Ministerio Público podría emplazarla inicialmente como testigo cuando concluya su inmunidad, un mes después del cese de la labor congresal (artículo 93 de la Carta Magna).

La seriedad del caso se extiende a las restricciones que pedirá la fiscalía ante el Poder Judicial en los siguientes días. Entre ellas, el impedimento de salida del país y otras limitaciones a la libertad de los imputados, como registrar su presencia en la ciudad cada 30 días con su huella digital (control biométrico), caución dineraria o fianza, etc. 

Probablemente el juez impondrá estas medidas, al menos en parte, dada las pruebas de cargo que la fiscalía ha valorado para llegar a esta etapa, la elevada pena prevista para el lavado de activos (hasta 20 años de prisión en las formas agravadas), la conducta obstruccionista de algunos imputados (en particular la señora Heredia, quien primero negó ante el fiscal ser propietaria de las agendas para luego reconocerlas cuando debía someterse a la pericia grafotécnica que finalmente confirmó que sí se trataba de su letra). Semejante razonamiento puede aplicarse si la fiscalía solicita posteriormente medidas de embargo contra los bienes de las personas naturales y jurídicas imputadas.

Con todo, la fiscalía ha llevado el caso a un nivel en que aún podría acopiar más pruebas, incluyendo el testimonio de colaboradores eficaces, que le permitirían en algunos meses llevar a la señora Heredia y su entorno al banquillo de los acusados, y se defina finalmente en un proceso público, oral y contradictorio su inocencia o eventual culpabilidad.