Autoridad única de transporte, por Augusto Rey

El ministro de Transportes y Comunicaciones anunció recientemente que el proyecto que permitirá crear la Autoridad Única de Transportes para Lima y Callao ya está listo. Considerando las dificultades que ambas comunas enfrentan para modernizar su sistema de transporte público, tal vez esta sea la mejor noticia que hayamos podido recibir en los últimos meses.

Cuatro de cada diez de los micros o combis que circulan por Lima provienen del Callao. Además, la simple observación permite deducir que entre chalacos y limeños existe una interacción diaria y fluida que no conoce de fronteras entre ambas provincias. Solo basta con saber que el puerto y el aeropuerto de la capital se encuentran en el Callao y que chalacos y limeños trabajan o estudian allí o allá sin importar su lugar de residencia. Entre Lima y el Callao existe una unidad territorial y codependencia que no se puede dejar de atender cuando hablamos de reformar nuestro transporte público, pues de lo contrario llegaríamos al absurdo de tener que cambiar de buses y pagar más pasajes para cruzar de una provincia a otra.  

El problema, sin embargo, es que, debido a la autonomía entre ambas jurisdicciones, las reglas de transporte público son distintas en cada caso. Por eso, los esfuerzos que realice la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) siempre serán insuficientes si no armonizan con las rutas del Callao. Este asunto hace prácticamente imposible una modernización y mejora coherente e integrada de las redes de transporte. Si cambiar las reglas del transporte en una ciudad ya es difícil, ¿se imaginan lo que sucede cuando son dos? 

La mejor solución a esta situación es crear la referida autoridad autónoma que permita una gestión común del transporte público entre Lima y Callao, como sucede con el tren eléctrico. Este cambio no solo permitiría unificar la gestión del transporte entre ambas jurisdicciones, sino que trasladaría la responsabilidad a una autoridad técnica que no esté sujeta al vaivén de las aprobaciones electorales. Mientras que el peso de la reforma del transporte recaiga únicamente sobre los hombros de los alcaldes, difícilmente veremos un cambio radical en los siguientes años. 

Esta autoridad, además, permitiría pensar con mayor seriedad en el subsidio que todo buen sistema de transporte necesita. La línea 1 del metro de Lima cuenta con un subsidio aproximado de S/ 2,50 por pasaje. En cambio, ni el Metropolitano ni los corredores que viene implementando la MML cuentan con algún tipo de subsidio. Las finanzas municipales no lo permiten, pero la participación del Gobierno Central y la integración del sistema de buses, el Metropolitano y el tren eléctrico plantean un escenario más adecuado para esta finalidad. 

Esto es particularmente importante si entendemos que el transporte público es un elemento determinante para medir la calidad de vida de los habitantes de una ciudad y que debe abordarse con un enfoque de justicia social: si no existe un reparto equitativo de este servicio provisto y regulado por el Estado, los sectores económicos y sociales menos favorecidos tendrán menos oportunidades de desarrollo. El subsidio en el transporte público permite construir esa igualdad de oportunidades. 

El nuevo gobierno debe hacer suyo el proyecto que deja el saliente ministro de Transportes. Que el 28 de julio marque el inicio de este trabajo concertado con los municipios y de necesario cambio para nuestra capital.