Al colegio no voy más, por Luis José Diez Canseco

Una de las claras decisiones del actual gobierno en general y del Indecopi en particular apunta a eliminar las trabas y obstáculos al desarrollo de las actividades económicas.

Como parte de dicho compromiso merece destacar una reciente resolución de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi que declaró como barreras burocráticas ilegales los cobros que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) exigía para la incorporación de nuevos miembros (S/1.500 si era en ceremonia grupal y S/2.700 en ceremonia individual), así como la exigencia de presentar un certificado del Curso de Práctica Forense. Un curso que dictaba el propio CAL en una sesión maratónica de un día, en el que se mezclaban asuntos tan dispersos como tráfico ilícito de drogas, divorcios y protección del medio ambiente, y del que sus alumnos solo recordarán hoy día la boleta de los S/700 que costaba.

El CAL no justificó los montos que cobraba ni bajo qué norma legal exigía el ‘polifacético’ curso, razón por la cual el Indecopi los declaró ilegales e inexigibles, para alivio de las futuras generaciones. Más allá de este caso, el pronunciamiento del Indecopi motiva diversas reflexiones.

Una primera sería la de cuestionar la existencia misma de los colegios profesionales. Ellos son un rezago del modelo gremial y mercantilista que desaparece formalmente con la Revolución Francesa y que instauró la libertad de industria y comercio. Muchos de mis colegas no me dejarán mentir cuando señalo que si fuera posible evitar la incorporación a un colegio, lo harían gustosos ya que, más allá de lo engorroso y oneroso del trámite, no se aprecia beneficio alguno derivado de dicha afiliación. Lo que sí hay son enojosas cuotas mensuales que pagar y multas para quien no asiste a votar para elegir a los nuevos representantes.

Una segunda reflexión se vincula con el papel que cumplen los colegios en una economía de mercado como la nuestra. El saldo, lamentablemente, no es positivo. En 1997 sancionaron al Colegio de Abogados de Loreto por prácticas anticompetitivas al exigir una papeleta de habilitación para los abogados que querían litigar en su jurisdicción. Ese mismo año, sancionaron al Colegio Químico Farmacéutico por, al más puro estilo de un cártel, recomendar tarifas a sus profesionales. En el 2003, se sancionó al Colegio de Notarios de Lima por una recomendación colusoria.

Ahora bien, los colegios profesionales podrían cumplir una valiosa misión. Ante la abundante oferta educativa, podrían servir como un filtro para garantizar un estándar de habilidad y conocimiento, como sucede en Estados Unidos y otros países. Las universidades otorgan un rango académico: bachiller, magíster o doctor. Los colegios de abogados, luego de haber superado exámenes sumamente complejos –y no el proceso mecánico actual–, brindan la posibilidad de ejercer la abogacía.

Otra labor importante es la supervisión de los estándares éticos, bajo pena de suspensión o inhabilitación. Si esto fuera efectivo, daría más credibilidad a la profesión de abogado y marginaríamos expresiones como tinterillo o rábula.

Es momento de repensar el papel que deben cumplir los colegios profesionales e identificar un norte hacia donde se oriente su existencia. Espero que la decisión del Indecopi promueva un ejercicio de reflexión interna que genere un CAL con nuevos bríos. De otra manera, no quedará otro remedio que esperar una candidatura que tenga como propósito eliminar más barreras de este colegio o disolverlo.