La Comisión (pastoral) de Ética, por Guillermo Flores

Siendo la segunda vez que la presidencia de la Comisión de Ética del Congreso es delegada a un pastor evangélico, es razonable pensar que los congresistas ven en ellos cualidades idóneas para el cargo. Sin embargo, estamos equivocados si pensamos que colocar a un ex pastor en tal posición traerá el “milenio moral” al Perú. Actualmente, lejos de perturbarse por la presencia de un cristiano, la mayoría fujimorista parece sentirse bastante cómoda con su silencio.

Recientemente, el actual presidente de la Comisión, Juan Carlos Gonzales, señaló que no actuaría de oficio ante las presuntas mentiras incluidas por congresistas en sus hojas de vida, porque tendría que inhibirse de investigar o sería recusado.

Al respecto, el artículo 27 del Reglamento de la comisión señala que las denuncias pueden ser formuladas por cualquier congresista, persona afectada, o la comisión de oficio por acuerdo mayoritario de sus miembros. Aunque el artículo 42 establece que los miembros de la comisión que denuncian no podrán participar en la investigación ni votar, esta restricción solo aplica cuando los miembros denuncian a título personal, pero no cuando la comisión denuncia como órgano colectivo.

Si Gonzales solo presentara las denuncias periodísticas ante la comisión (sin realizar una denuncia formal) para que esta decida colectivamente si formula denuncia, ni él ni ningún miembro podría ser legalmente recusado. De hecho, el ex presidente de la comisión y también pastor Humberto Lay recurrió a esta interpretación legal para poder denunciar de oficio, lo cual como abogado y creyente felicito, pues demuestra real interés en establecer justicia.

Por otro lado, al indicar que los casos sobre las hojas de vida deberían ser revisados únicamente por el Jurado Nacional de Elecciones, porque los denunciados aún no eran congresistas cuando mintieron en estas, Gonzales olvida que la comisión es competente para investigar faltas éticas relacionadas a presuntos delitos contra la fe pública, mientras los denunciados sigan beneficiándose de estas. La falta ética existe desde que el futuro congresista miente y persiste mientras se mantiene en su cargo, independientemente de si los ciudadanos leyeron su hoja de vida o no. Bajo tal principio, y a diferencia de Gonzales, Lay sí investigó el caso de Alejandro Yovera.

Los congresistas evangélicos actuales deben entender que lo que realmente está en juego al no buscar justicia proactivamente no es su posición política, sino la credibilidad moral de la comunidad evangélica. Necesitamos una participación pública menos definida por la estrategia política y más influenciada por la imagen de un Dios de Verdad y Justicia. Su pertenencia al Cuerpo de Cristo debe sobreponerse a su vinculación a cualquier partido político.

Como comunidad evangélica, recordémosles nuestro llamado a ser la conciencia moral de los partidos políticos, y nunca su herramienta. Mantengámonos insatisfechos hasta que cada evangélico en una posición de poder realmente trabaje para que la justicia fluya como ríos y la rectitud como corriente imparable en cada entidad pública (Amós 5:24), porque el destino moral de nuestra comunidad no solo es importante para sus miembros, sino también para toda la sociedad. En su mejor momento, nuestra comunidad le recuerda al mundo que existe una realidad espiritual más allá de cualquier realidad política o social, y una Verdad más allá de toda moral.

Sin embargo, si los evangélicos en política únicamente presentan argumentos bíblicos para avanzar una agenda “pro familia” particular pero nunca para promover justicia general, hacen que nuestro cristianismo luzca como un medio para lograr un fin. Debemos resistir la tentación de cortejar el poder político a través de un conveniente silencio que termine por “bautizar” el statu quo.

En palabras del teólogo Dietrich Bonhoeffer, “el silencio ante la maldad también es maldad; Dios no nos tendrá por inocentes; no hablar es hablar; no actuar es actuar”. También nuestro silencio habla.