"Para que las escuelas abran en marzo debemos actuar hoy. Se requieren acciones urgentes en, por lo menos, cuatro frentes: normativo, sanitario, institucional y habilitador". (Foto: Ministerio de Educación)
"Para que las escuelas abran en marzo debemos actuar hoy. Se requieren acciones urgentes en, por lo menos, cuatro frentes: normativo, sanitario, institucional y habilitador". (Foto: Ministerio de Educación)
Norma Correa Aste

Profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú

ncorrea@comercio.com.pe

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Diecinueve meses después del inicio de la pandemia, el Perú es uno de los países más retrasados en reapertura de . Un reciente estudio de Unicef compara los porcentajes de alumnos beneficiados por la presencial en América Latina e indica que, mientras que países como Argentina, Chile, Bolivia y Colombia muestran importantes avances (94%, 88%, 73% y 60,1%, respectivamente), en el Perú tan solo el 4,4% de los estudiantes acceden a alguna forma de educación presencial.

En nuestro país, solo 8.887 escuelas ofrecen el servicio educativo semipresencial, a pesar de que 96.578 escuelas se encuentran habilitadas para brindarlo. Esta tragedia educativa puede graficarse con dos cifras dolorosas: llegamos a octubre del 2021 con el 92% de las escuelas cerradas y con solo el 5% de estudiantes asistiendo a las aulas. Los avances en la vacunación no se han reflejado en mejoras en la reapertura de escuelas. A la fecha, el 84,18% del personal de las instituciones educativas cuenta con las dos dosis de la vacuna. Asimismo, como ha evidenciado el analista Patrick Wieghardt, las regiones con mayores avances en vacunación tienen los menores niveles de apertura de escuelas a nivel nacional. En contraste, las regiones con menores niveles de vacunación cuentan con el mayor número de escuelas abiertas. La lentitud en la reapertura no se explica entonces por factores sanitarios, sino por temas políticos y de gestión.

Dos años de educación remota han golpeado a toda una generación. Además de los impactos negativos en aprendizajes, salud y bienestar de los niños y adolescentes, las escuelas cerradas también afectan la reactivación económica, la competitividad del país y limitan la participación laboral de las mujeres. Si bien la Política General de Gobierno presentada por el Ejecutivo incluye el retorno seguro a clases, se plantea una meta que no refleja un sentido de urgencia (el 99% de escuelas abiertas para julio del 2022). Y si bien la ministra Mirtha Vásquez ha hecho un esfuerzo por mejorar la meta planteada en el Plan de Emergencia del Ministerio de Educación (50% de escuelas abiertas para junio del 2022), preocupa la ausencia de metas a corto plazo (diciembre del 2021) y a mediano plazo (marzo del 2022).

Los gobiernos regionales, principales responsables de la reapertura a nivel territorial, tampoco expresan mayor compromiso e interés por acelerar el retorno a clases. Por otro lado, los sindicatos educativos, como el Sutep y el Fenatep, se encuentran enfrascados en disputas institucionales y no brindan la prioridad a la reapertura de escuelas en sus demandas gremiales.

Para que las escuelas abran en marzo debemos actuar hoy. Se requieren acciones urgentes en, por lo menos, cuatro frentes: normativo, sanitario, institucional y habilitador. Primero, la normativa vigente debe renovarse para responder al contexto sanitario actual. La experiencia nacional e internacional permite introducir mejoras en aspectos cruciales como los aforos en aulas, la eliminación de requisitos no efectivos (pediluvios) y la mejora de protocolos en caso se detecten contagios. La semipresencialidad actual es muy limitada, por lo que resulta necesario dar mayor flexibilidad para que las escuelas respondan a las necesidades de su comunidad educativa. En el frente sanitario, el Ministerio de Salud debe establecer un sistema de vigilancia epidemiológica específico para la reactivación educativa. En el ámbito institucional, debemos exigir que los gobiernos regionales presenten cronogramas y metas para la reapertura de escuelas y fortalecer a las UGEL. Y en la dimensión habilitadora, el Gobierno debe apoyar en la mejora de la infraestructura educativa y en las soluciones para el transporte de los estudiantes.

Como sociedad, hemos permitido que nuestros niños salgan a la calle después que las mascotas, que les quiten el acceso a espacios públicos y que los priven de su derecho a la educación. Las decisiones e indecisiones políticas permitieron que los niños y adolescentes paguen un altísimo precio por las libertades de los adultos. Hay quienes buscan convertir esta urgencia en un factor de polarización de la sociedad; no lo permitamos. Reabrir escuelas no es un asunto de opinión. La educación es un servicio público esencial y el Estado es garante de los derechos de la infancia. Cada día cuenta.