(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)
Víctor Andrés García Belaunde

El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que funcionarios de 12 países de América Latina habían recibido US$788 millones en sobornos por parte de la empresa Odebrecht a cambio de la entrega de licitaciones de obras públicas.
De esa cantidad, US$29 millones correspondían a coimas en el Perú, entregadas entre los años 2005 y 2014, y vinculadas a la adjudicación de proyectos de infraestructura pública como la carretera Interoceánica y el metro de Lima.

El jueves 5 de enero del 2017, la Fiscalía de la Nación anunciaba, con insólita rapidez, que había llegado a un acuerdo preliminar con Odebrecht para recibir información sobre las personas implicadas en estos sobornos: “Esto permitirá […] incorporar a la investigación información útil y […] acortar los plazos ordinarios que demanda la búsqueda de pruebas fuera del país”, señalaba el comunicado del Ministerio Público.

A casi un año de la firma de este preacuerdo secreto, al que no han tenido acceso ni el Congreso ni la procuraduría, ¿qué se ha conseguido?

Aparte de los dos proyectos públicos antes mencionados, el equipo especial de la fiscalía solo vio los casos de la Costa Verde-Callao y la Vía de Evitamiento del Cusco; obras que, además, estaban siendo investigadas por las fiscalías anticorrupción del Callao y Cusco. En el caso de la Costa Verde, el implicado gobernador regional Félix Moreno quedó libre por la deficiente fundamentación del pedido de prisión preventiva de la fiscalía. ¿Casualidad?

Pese a la sindicación efectuada por Barata y a la denuncia de la procuraduría en contra de las empresas peruanas consorciadas por Odebrecht (Graña y Montero, JJ Camet e ICGSA), la fiscalía no ha iniciado ni una investigación preliminar ni una investigación preparatoria en contra de estas compañías y sus representantes. Fiscal Castro, ¿cuál es el número de expediente o carpeta fiscal a fin de embargar las cuentas bancarias para garantizar el pago de la reparación civil cautelarmente?

Por el contrario, las filtraciones estuvieron a la orden del día. Mariella Huerta (presuntamente involucrada en el caso Metro de Lima) fugó a Estados Unidos, Gustavo Salazar (quien estaría implicado en la Vía de Evitamiento del Cusco) fugó a Chile y luego a Estados Unidos. Jorge Luis Cuba y Jessica Tejada (vinculados con cuentas ‘offshore’ en las que se habrían recibido sobornos) fugaron a Estados Unidos, aunque luego regresaron al Perú y fueron detenidos.

Los únicos “peces gordos” que han caído son Ollanta y Nadine. Aunque ambos cumplen una orden de prisión preventiva por supuestamente haber recibido fondos ilícitos y no declarados, y no por el Caso Lava Jato.

Los estudios de abogados y los árbitros involucrados con Odebrecht tampoco están incluidos en investigación alguna. Las empresas asociadas y sus contabilidades no han sido intervenidas, el patrimonio de Odebrecht no ha sido incautado y los pedidos de embargos y bloqueo de cuentas han sido rechazados por la fiscalía.

La inacción es tal que Odebrecht ha vendido la mitad de Rutas de Lima en US$450 millones, sin conocerse adónde fue a parar este dinero. OAS ha vendido la Línea Amarilla o Vía Parque Rímac en US$1.500 millones y ya se fue del Perú. Por su parte, las socias peruanas están vendiendo sus activos (cuartel San Martín, entre otros) en más de US$200 millones sin pagar nada al Estado. Peor aun, ni siquiera amortizan los préstamos que tienen con Cofide (gasoducto del sur) y los bancos nacionales.

Todo esto nos hace recordar que en la historia del Perú, en las grandes corruptelas, nunca se pudo llegar al juzgamiento y la condena de los principales responsables porque se mantuvo el secretismo en sus investigaciones. ¿Se repetirá nuevamente la historia?