¿Qué espera el Poder Judicial de la JNJ?, por José Luis Lecaros

¿Qué esperamos los jueces de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)? Lo mismo que los casi 14 millones de electores que aprobaron su creación: objetividad y probidad.

Objetividad y probidad a la hora de evaluar lo actuado por la última conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) cuyos niveles de arbitrariedad y subjetividad llegaron a equiparar el conocimiento de los platos típicos de una región con el conocimiento de la realidad política y social de nuestro país.

Pero también sentido de responsabilidad y urgencia, porque la necesidad de separar la paja del trigo es imperativa para el Poder Judicial y para el Ministerio Público. Una situación que implicará, simultáneamente, que la JNJ inicie los procesos disciplinarios truncos y los que han surgido de los ‘CNM-audios’ para definir quiénes continuarán ejerciendo la magistratura y quiénes no.

Y también esperamos que el Congreso de la República considere las sugerencias del Poder Judicial, en particular en lo concerniente a la necesidad de establecer que las destituciones de magistrados, al igual que el proceso de nombramiento, se aprueben por mayoría calificada de los miembros de la JNJ. Lo propuesto en el Congreso –la aprobación por mayoría simple– relativiza la importancia de estas decisiones que requieren un mayor consenso, como sucede en el propio Legislativo a la hora de nombrar o destituir a altos funcionarios públicos.

Además, continuamos apostando por que la JNJ realice un control disciplinario permanente cuyo impulso esté en manos del ciudadano que considera, y deberá demostrar, que la labor de un magistrado transgredió principios constitucionales, legales o éticos.

La ratificación de jueces y fiscales, una figura que la reforma constitucional de diciembre repite, y la evaluación intermedia son dos caras de una misma moneda que casi no tiene símil en el derecho comparado, y que desde 1993 ha demostrado ser una espada de Damocles que debilita la estabilidad y la independencia de la magistratura, como quedó evidenciado con el destape de los ‘CNM-audios’.

Creemos en un mecanismo de evaluación continua que empodere a la ciudadanía y fortalezca al Poder Judicial y al Ministerio Público porque sus magistrados son controlados en cada una de sus decisiones por las partes del proceso y la sociedad en general.
Pero si esperamos de la JNJ objetividad y probidad a la hora de cumplir su misión, no podemos olvidar que el actual modelo constitucional de nombramiento de jueces y fiscales, al igual que la esperada reforma integral del sistema de justicia, no se agota con la reciente reforma.

El ahora fenecido CNM seleccionaba y nombraba a todos los magistrados en un proceso en el que no siempre primó la objetividad.

La sala plena de la Corte Suprema, y yo en particular, creemos en la necesidad de reestructurar la Academia de la Magistratura en una Escuela Judicial y Fiscal que emule el modelo de las escuelas judiciales de Francia y España, cuyo correlato más cercano y exitoso en nuestro país lo encontramos en la Academia Diplomática.

Vale decir que para ingresar a la carrera judicial o fiscal el interesado deberá superar, en primera instancia, un examen de oposición abierto que le permitirá acceder a la Escuela Judicial y Fiscal donde seguirá un curso teórico-práctico, que en Francia dura 31 meses, cuya finalización exitosa le reconoce al candidato la aptitud para ser nombrado por la JNJ si, eventualmente, supera sus procedimientos.

Esta lógica debe primar, también, para los ascensos en la magistratura, siendo la escuela propuesta la encargada de brindar los cursos de ascenso cuyo nivel de exigencia debe ser igual o superior a los propuestos para el ingreso.

Distinguir la selección del nombramiento, mediante el modelo propuesto, es un punto básico para una verdadera reforma de la justicia basada en las personas y en sus capacidades profesionales y éticas.

Otro es el expediente judicial electrónico, una política judicial a largo plazo que resultará angular para alcanzar el grado de integridad, predictibilidad y profesionalismo que necesita un país que se está insertando en un mundo global y sumamente competitivo, como lo es el nuestro.

Este es un punto vital en la agenda de la reforma que propone el Poder Judicial, que amerita un espacio más amplio al que hoy nos convoca y cuya conclusión exitosa marcará un antes y un después en la administración de justicia.