Licitaciones por encargo, por José A. Hernández de Toro

Decía Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. En efecto, esto último es muy difícil, pero, con información veraz, los prejuicios pueden dar paso a juicios equilibrados. Al menos eso pretendo con este artículo sobre el papel de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en la realización de licitaciones por encargo de entidades del Estado.

Comencemos por aclarar que la OEI es un organismo intergubernamental que depende directamente de los ministros de Educación iberoamericanos, que cuenta con oficinas en 17 países y que está presente en el Perú desde hace 36 años desarrollando proyectos de cooperación. No es, por tanto, un organismo nuevo, tampoco es privado ni tiene una finalidad lucrativa.

El Gobierno del presidente Valentín Paniagua fue quien autorizó a la OEI en el 2001 a colaborar con el Estado peruano en las contrataciones públicas, buscando una ejecución eficaz, transparente y rigurosa de las licitaciones. Desde entonces hemos desarrollado más de 2.000 procesos con más de 40 entidades del Estado (ministerios, organismos autónomos, universidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos municipales), lideradas por autoridades de casi todo el espectro político.

Así, las licitaciones por encargo no son una forma de sortear la ley, sino una modalidad prevista en la propia Ley de Contrataciones del Estado (artículo 6). Esta colaboración tampoco es exclusiva del Perú. Países tan dispares como Argentina, Brasil, Colombia, Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Panamá o Paraguay también tienen esta modalidad.

Las licitaciones realizadas por la OEI son plenamente transparentes. Por propia iniciativa, la OEI invita desde el 2011 a la contraloría a que participe como veedora en todas las licitaciones que nos encargan. Por su parte, la elaboración del expediente técnico de la contratación y la firma del contrato y su ejecución son de responsabilidad de la entidad del Estado que encarga la licitación y, por lo tanto, totalmente controlables.

Las licitaciones que nos encargan son convocadas en nuestra web, en la del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), en “El Peruano” y en un diario de circulación nacional, buscando promover la máxima competencia entre postores, que es la manera de lograr el precio final más competitivo para el Estado. No es cierto, por tanto, que esta modalidad fomente sobrecostos al Estado.

La OEI recibe un pago por servicios, que se invierte en proyectos de cooperación. En los últimos tres años, la OEI ha invertido en el Perú casi 35 millones de soles en proyectos como “Luces para Aprender” o el Instituto Iberotec: el triple de lo recibido en este período por la realización de licitaciones.

Tampoco es cierto que la cooperación de la OEI debilite la responsabilidad del Estado en la asunción eficaz y completa de sus obligaciones. La prioridad de la OEI es colaborar en reforzar la institucionalidad y las políticas públicas del país donde actúa. Así, destina el 5% de los fondos que recibe a la capacitación de funcionarios en la gestión de compras públicas.

En resumen, actuamos en el marco de la ley, somos un aliado para las entidades del Estado que quieran gestionar inversiones públicas con rigor, transparencia y eficacia, y apoyamos a todos los órganos de control del Estado a llegar más lejos y mejor en su función fiscalizadora, fortaleciendo así la lucha contra todo tipo de corrupción.