¿A quién llamas vividora?, por Crisólogo Cáceres

En estos días en que la gran industria se siente amenazada por el escándalo de los alimentos envasados resurge, como siempre, el manido tema del porcentaje de “hasta” el 50% de las multas que, a criterio del Indecopi, se puede entregar a las asociaciones de consumidores cuando resultan victoriosas en un proceso por afectación a los derechos del consumidor. Estos litigios toman en promedio dos años –pueden también durar el doble o triple de tiempo– y las asociaciones se enfrentan en una batalla desigual contra los mejores estudios de abogados del Perú.

Incluso se han dado casos en que la autoridad ha llegado a regatearle sus exiguos honorarios profesionales, que son cancelados por la parte perdedora, a los abogados que patrocinan a tales asociaciones, algo que, obviamente, no se atreverían a hacer con las firmas de letrados que defienden a las empresas. Y no solo eso. Al final, apenas un 5% del dinero que eventualmente reciba la asociación se puede destinar a su financiamiento.

Pero estas asociaciones (a las que Alfredo Bullard califica muy orondo como “vividoras” en su columna “Un Indecopi Maduro”), además de denunciar a las empresas que violan los derechos del consumidor desempeñan una extensa lista de tareas en beneficio del Estado. Veamos algunas:

Las diversas comisiones del Poder Legislativo remiten constantemente sus proyectos de ley a las asociaciones de consumidores para que estas dictaminen sus argumentos a favor o en contra. Del mismo modo, convoca a sus representantes a participar como expositores en los diversos eventos de difusión que organizan.

Los organismos reguladores de los servicios públicos cuentan en sus consejos de usuarios con representantes de las asociaciones de consumidores. Dichos consejos sesionan normalmente con periodicidad mensual. Asimismo, dichos organismos convocan a las asociaciones a audiencias públicas para la evaluación de temas de gran impacto económico (por ejemplo, la determinación del factor de productividad en materia de telefonía fija).

Por otro lado, el Indecopi solicita a las asociaciones de consumidores inscritas en su registro especial que cada año le remitan un informe detallando, de manera pormenorizada, las actividades llevadas a cabo a lo largo del ejercicio. Dicho informe se elabora utilizando un complejo formato establecido por el mismo Indecopi.

Pero no solo eso. El Indecopi convoca a las asociaciones de consumidores a integrar el Consejo Nacional de Protección del Consumidor y los representantes elegidos, sin importar si son del interior del país, deben acudir mensualmente y con su propio peculio a las sesiones.

También el Inacal convoca a representantes de las asociaciones de consumidores a integrar múltiples comités técnicos para la elaboración de normas sobre temas altamente especializados.

Por su parte, las universidades públicas, municipios y el Poder Judicial invitan a representantes de las asociaciones de consumidores a dictar conferencias en los eventos académicos que organizan a lo largo del año. Las municipalidades, además, convocan a las asociaciones a participar en sus actividades de fiscalización (por ejemplo, en mercados y restaurantes).

Esta lista no es completa. Pero en todos los casos mencionados, el trabajo desempeñado por dichas organizaciones es absolutamente gratuito. Ninguna dependencia del Estado financia las actividades solicitadas a pesar de los evidentes costos que implican.

En otros países en los que el Estado sí está “maduro” (como Chile, Argentina, Brasil o España) existen fondos gubernamentales destinados a apoyar a estas asociaciones. Pregunta: ¿quién es aquí el “vividor”?