Punto de quiebre, por Sergio Espinosa

El lavado de activos existe como delito desde que se evidenció, años atrás, que siguiendo la ruta del dinero se puede llegar al centro de las organizaciones criminales y, simultáneamente, al motor que las impulsa: la disponibilidad de recursos. 

La experiencia cercana, sin embargo, ha demostrado que la sola amenaza de penas de cárcel elevadas no funciona como disuasivo para los delincuentes si sienten que, aun privados de la libertad, pueden seguir disfrutando del dinero sucio y condenando a la sociedad a la zozobra e inseguridad.

Una unidad de inteligencia financiera (UIF) existe precisamente para, a través del análisis de los reportes de operaciones sospechosas que envían bancos y otras empresas, detectar movimientos de dinero que revelen posibles casos de lavado y derivarlos al Ministerio Público para su investigación.

Desde el 2002 el Perú ha recorrido un camino difícil y con resultados diversos en su lucha contra el lavado de dinero y sus delitos precedentes (narcotráfico, corrupción, etc.). Hoy se cuenta con un plan nacional y una comisión multisectorial que trabaja en su implementación y actualización. Desde los decretos legislativos 1104 y 1106 del 2012, por ejemplo, se mejoró el tipo penal. Permitieron la creación de unidades especializadas en la fiscalía y la policía, aunque todavía sin todas las herramientas para el desarrollo de sus labores. 

En la prevención, notarios, inmobiliarias y otras actividades no financieras contribuyen con información importante a la UIF. Esta, por su parte, se ha profesionalizado y fortalecido, afirmando su independencia, ampliando su presupuesto y sus funciones a las labores de supervisión y análisis estratégico, y construyendo una presencia internacional que se ha traducido en la presidencia de la organización mundial que reúne a 151 UIF, el Grupo Egmont. 

El balance, no obstante, dista de ser satisfactorio. El Perú no está ganando la batalla contra el crimen y la sensación de inseguridad se extiende entre los ciudadanos. Los ejemplos de países sitiados por la delincuencia organizada están a la vista y nos muestran claramente cuánto cuesta, en vidas y recursos, no tomar a tiempo las medidas requeridas.

Hablar de un punto de quiebre puede sonar exagerado para algunos, pero es claro que el tiempo para adoptar las reformas necesarias se está agotando. Desde el punto de vista de la función de prevención y análisis que compete a la UIF, las medidas son puntuales, evidentes y urgentes, más aun cuando algunas llevan años de espera. 

Se requieren de normas que regulen el uso de efectivo para determinadas transacciones, así como para el financiamiento de campañas políticas. No es saludable un sistema legal que permite comprar inmuebles en efectivo o, peor aun, fingir ventas en las que simplemente se declara un pago inexistente facilitando la estafa y el despojo. 

Pese a los éxitos obtenidos, una UIF no puede ser totalmente eficiente ni generar los casos que la fiscalía necesita sin acceso a la información de cuentas bancarias e ingresos tributarios. Es así de simple.

Las autoridades tienen la palabra; también la responsabilidad.