Universidad Católica: arreglo satisfactorio, por E. Bernales

Luego de varios años de desencuentros entre la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Arzobispado de Lima, que parcialmente afectaron el funcionamiento de dicha universidad, se ha llegado a un conjunto de soluciones estatutarias en las relaciones de la universidad con la Iglesia Católica, que son satisfactorias, tanto para la comunidad universitaria de la PUCP, como para la Santa Sede.

Hasta la Ley Universitaria 13417, la PUCP era considerada una institución confesional, que tenía un régimen legal exclusivo para ella. Esto cambió cuando en 1969 la ley 17437 innovó el sistema legal de las universidades en el Perú, comprendiendo dentro del sistema, a las públicas y a las privadas. Desde entonces, la legislación nacional no varió en cuanto a los elementos básicos de la estructura universitaria, como la autonomía dentro de la ley, la participación estudiantil, el régimen de los docentes y las normas básicas para los planes de estudio. 

Las diferencias en las relaciones entre la PUCP y la jerarquía eclesiástica tienen su punto de partida en esa ley y no dejaron de ahondarse en el tiempo. La autonomía legalmente reconocida que la incluía se interpretó como que la PUCP, sin dejar de ser una entidad de derecho privado y de inspiración cristiana, ganaba mayor identidad propia y presencia nacional al estar regida por la ley y gozar de autonomía. En cambio, para los sectores eclesiales más conservadores, significó una pérdida de poder. Y si bien las relaciones se mantuvieron en una línea de mutuo respeto, ellas se enfriaron en los años recientes debido principalmente a la posición adoptada por el Arzobispado de Lima. 

En efecto, sin reabrir distancias que han comenzado a acortarse, cabe recordar que las discrepancias relativas a la herencia de Riva Agüero se crisparon más cuando, en una carta del 16 de julio del 2011, el cardenal Juan Luis Cipriani planteó a la universidad “la exigencia que recientemente me ha transmitido la Santa Sede, acerca de las modificaciones que necesaria e indubitablemente deben introducirse en los estatutos”. Entre las modificaciones exigidas estaba que el gran canciller nombraba al rector entre los tres candidatos propuestos por la asamblea universitaria y que por ser la PUCP una entidad de derecho canónico, la administración de sus bienes tenía que regirse de acuerdo con las reglas aplicables a los bienes eclesiásticos.

La asamblea universitaria no aceptó ambos extremos, por cuanto sin negar la relación de la PUCP con el derecho canónico, de conformidad con el Concordato de 1980 entre el Estado Peruano y la Santa Sede, ese instrumento rige en lo que no se oponga al derecho nacional. Por ejemplo, la elección de sus autoridades se regirá por sus estatutos, ratificados en el Vaticano, por la Congregación para la Educación Católica.

Estas diferencias subsistían cuando, en junio del 2015, se inició la etapa más reciente del diálogo entre la Santa Sede y el rectorado de la PUCP. Felizmente, la flexibilidad mostrada por la Santa Sede ha permitido acercar posiciones y encontrar un camino de solución satisfactoria.
La eficaz gestión del rector Marcial Rubio Correa, en el manejo de las propuestas y

la revisión estatutaria elaborada por la Asamblea Universitaria, ha permitido comprender que esta universidad jamás ha renunciado a su identidad católica, porque esa es su razón de ser y así consta en sus estatutos. Asimismo, ha mostrado su disposición al diálogo con las instancias competentes de la Iglesia y, finalmente, ha sido permeable en lo que no afecte su autonomía. Y es con ese espíritu que ha buscado una solución integral al conflicto que temporalmente enturbió las relaciones con la jerarquía eclesial.

Con la reiteración del compromiso con los valores católicos que la inspiran, la solución confirma la declaración de su asamblea: “La Católica, es una universidad autónoma, democrática, creativa, crítica, pluralista, con calidad en la enseñanza y en la investigación, comprometida con la sociedad peruana e identificada con los principios cristianos que fundan los derechos del ser humano”.