(Foto: Juan Ponce Valenzuela)
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Angus Laurie

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El 23 de enero, “The Financial Times” (FT) publicó una cita del ex primer ministro de Luxemburgo Jean-Claude Juncker, de hace unos años, cuando dijo: “Todos sabemos qué hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos una vez que lo hemos hecho”. La cita se refiere al cambio climático, y las medidas necesarias para reducir su impacto.

El FT resalta las manifestaciones del movimiento popular de los ‘gilets jaunes’ (chalecos amarillos), quienes protestaron por un año en Francia contra el gobierno de Emmanuel Macron. Su protesta empezó por un incremento en el precio del impuesto para el petróleo.

Fue similar al caso de las protestas de Quito, donde hace pocos meses las manifestaciones violentas empezaron cuando el gobierno de Lenín Moreno quería reducir el subsidio para el petróleo.

Técnicamente, la propuesta de Moreno tuvo mucho sentido. Ecuador tiene una creciente deuda pública, y una reducción en el subsidio del petróleo podría ayudar al gobierno a balancear sus cuentas, y, a su vez, incentivar el uso de vehículos más sostenibles, como bicicletas, transporte público, y autos híbridos o eléctricos. La crisis del petróleo global de los años 70 es la prueba de que un incremento en el costo del petróleo causaría un cambio en el uso de vehículos más eficientes a nivel global.

Cuando uno lee las políticas nacionales e internacionales, se aprecia una tendencia clara. Desde la nueva agenda urbana de ONU Hábitat (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) hasta las ordenanzas metropolitanas de Lima, los gobiernos están proponiendo políticas que promueven el uso de vehículos más sostenibles, y sobre todo, viajes a pie, en bicicleta o en transporte público. Un elemento importante de estas políticas es incrementar el costo de manejar un automóvil, tal cual como lo plantearon Macron y Moreno.

Todos también saben que deberíamos cobrar para estacionar en la vía pública, que tenemos que generar infraestructura para la bicicleta, incluyendo paraderos y ciclovías, que deberíamos promover el desarrollo urbano que contiene una mezcla de usos y una densidad que permite viajes a pie. El problema no necesariamente es la falta de planeamiento.

Un caso ilustrativo es el transporte de Lima. Los técnicos y los políticos están de acuerdo en que necesitamos cambiar colectivos, combis y coasters por corredores de buses grandes, BRT como el Metropolitano y líneas de metro. El problema, más bien, es el costo político de afectar a cientos de miles de personas que dependen de los ingresos que genera el sistema actual, y el impacto social que generaría la reforma. A pesar del acuerdo común, los políticos por años han ignorado el tema, evitando actuar, y, por ejemplo, no retiran de las vías a los colectivos que compiten con los corredores. A pesar de que entienden qué hacer, cómo ejecutarlo y por qué, el problema es el costo político de actuar para hacer lo correcto.