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El país eligió a Fuerza Popular como partido mayoritario en el Congreso. Lo eligió para legislar y fiscalizar.
Fuerza Popular ejerce su poder, pero no principalmente para legislar y fiscalizar. A más de un año de gestión, no hay nueva legislación importante.
¿Dónde está la reforma penal que el país necesita a gritos? ¿Dónde la reforma institucional para enfrentar la corrupción? ¿En qué ley se ha reflejado un cambio en relación con el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo?
En cuanto a reforma legislativa, Fuerza Popular no ha hecho nada.
En cuanto a la tarea de fiscalizar, el fujimorismo tampoco brilla por sus méritos. El congresista Daniel Salaverry, por ejemplo, ha lanzado una iniciativa de acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Una acusación constitucional se dirige contra muy altos funcionarios. Se hace “por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones…” (Const., art. 99).
No es “porque me da la gana”. Es por infracción constitucional o delito.
El señor Salaverry, ¿encontró una cuenta bancaria de Pablo Sánchez conectada con Odebrecht? ¿Detectó que este había manipulado un audio en un proceso para mentir?
Salaverry considera que Sánchez omitió acciones investigatorias contra las empresas consorciadas con Odebrecht. Se refiere a Graña y Montero, vinculada con la familia propietaria del diario El Comercio.
La acusación de Salaverry se hizo antes de conocerse el testimonio de Marcelo Odebrecht, en Brasil.
Salaverry no aportó un solo dato concreto sobre la supuesta omisión del Ministerio Público. No dijo qué plazo de investigación se venció, qué ley se vulneró, qué delito cometió en relación con qué carpeta fiscal.
Lo de Salaverry es infantil, absurdo y flagrante. La bancada fujimorista apoyó su iniciativa.
La acusación constitucional es una institución valiosa en el Estado de derecho. Por eso mismo, debe recurrirse a ella de manera seria y responsable.
La iniciativa del señor Salaverry es pobre. El apoyo de la bancada es una confesión de parte sobre el estándar de fiscalización que suscribe.
Fuerza Popular no legisla bien ni fiscaliza bien. ¿Qué hace, entonces? Usa el mandato que se le dio en otra cosa.
Las confesiones de Marcelo Odebrecht hechas a fiscales en Brasil pueden dar una pista. Odebrecht reconoce que quiso financiar la campaña de Fuerza Popular del 2011.
¿Quiere el fujimorismo amedrentar al fiscal de la Nación en relación con esta investigación? ¿Quiere el fujimorismo que se detenga la investigación sobre esos supuestos aportes?
La señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ha dicho que va a denunciar penalmente al diario El Comercio por difamación. Se refiere, justamente, a las revelaciones periodísticas sobre el testimonio de Marcelo Odebrecht.
El fujimorismo, ¿no tiene nada que ocultar? ¿Le da lo mismo quién dirija la fiscalía? Si fuera así, ¿por qué hacer ruido sobre una insostenible acusación constitucional contra el fiscal de la Nación?
¿Para eso usan la representación que se les dio? Este grupo político quiere llegar a la Presidencia de la República. ¿Cómo se manejaría en cuanto a investigaciones fiscales o revelaciones periodísticas?
Fuerza Popular no hace uso del mandato representativo para legislar o fiscalizar responsablemente. Hace uso de ese poder para enfrentar a quienes quieren saber de sus actividades, sean estos autoridades o medios de comunicación.
La acusación contra Pablo Sánchez es una muestra clara de cómo quiere ejercer el poder Fuerza Popular. La amenaza de denuncia penal contra El Comercio revela con qué tipo de estado emocional se pretende gobernar.
Mientras, pasa el tiempo. Pasa el tiempo, y el Perú sigue sin reforma administrativa, sin reforma penal, sin reforma institucional, sin reforma judicial, sin reforma laboral, sin reforma económica.
Cuando los políticos se disparan a los pies, es clara señal de que han perdido contacto con la realidad. Eso suele suceder con quien cree que el poder conferido es suyo, omnímodo y eterno.
El mal uso del poder lo desgasta. El país reclama urgente atención ante sus necesidades.
Acusar al que investiga es una mala táctica. Deja en evidencia el temor, no la inocencia; muestra el alcance de la prepotencia, no del poder legítimamente ejercido.
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