Avances de la corrupción y el narco, por Fernando Rospigliosi

Malas noticias en los últimos días para la lucha anticorrupción. El rechazo de la mayoría, encabezada por el fujimorismo, en la Comisión de Justicia del Congreso para otorgar al gobierno facultades para darle más poder a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una pésima señal.

Como bien ha señalado la ministra Marisol Pérez Tello, la UIF peruana es la más débil de toda la región. Ese organismo fue creado el 2002 básicamente por apremios del gobierno norteamericano interesado en la persecución de la financiación del terrorismo después del 11 de setiembre. La realidad es que nunca ha tenido demasiada autoridad y, con el paso de los años, se le ha ido mermando.

En mi opinión –como he dicho antes en esta columna–, la responsabilidad es de los políticos que no están interesados en una UIF con facultades, porque temen que puedan caer bajo su escrutinio. Esa no es una especulación descabellada en un país que tiene a un ex presidente preso y a sus tres sucesores sospechosos de estar involucrados en hechos de corrupción.

Otra mala noticia es la excarcelación de Nancy Obregón que salió de prisión después de tres años, sin que el Poder Judicial (PJ) pueda –o quiera– emitir una sentencia (caso similar al de Gregorio Santos). El trabajo de años de la Policía Nacional, todos los recursos invertidos en investigar y demostrar la vinculación de Obregón con el narcotráfico a pesar de la protección política que tenía, se han ido al tacho, por el momento, debido a la ineptitud o corrupción –o ambas– del PJ. El expediente de la familia Sánchez Paredes acaba de ser devuelto a la fiscalía. Después de 8 años el juicio todavía no empieza.

El narcotráfico –la principal amenaza a la seguridad– goza de excelente salud en el Perú, el primer exportador de cocaína del mundo. A pesar de las alharaquientas declaraciones del gobierno de Ollanta Humala, la cruda realidad es sombría. El año 2015 se decomisaron –según cifras oficiales– apenas 8,5 toneladas de cocaína, de unas 300 que se producen, es decir, el 3%. Y eso es menos de la mitad de lo que se incautó el 2014. De mal en peor.

Como es obvio, el problema es la corrupción de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico.

Ahora la principal zona de producción es el Vraem, bajo control de las Fuerzas Armadas, que han tenido un presupuesto especial de cientos de millones de soles para ese propósito desde el 2006. Como ocurrió en el Alto Huallaga en la década de 1990, los militares han sucumbido a la corrupción del narcotráfico.

Por ejemplo, un reportaje de la agencia Associated Press (AP) titulado “Coca sale en avionetas desde Perú en narices de militares”, informaba que un piloto acusado de narcotráfico le dijo a AP “que los comandantes militares en el Vraem cobran US$10.000 por vuelo para permitirles aterrizar y despegar sin que nadie los moleste”. (“Gestión”, 14.10.15). A nadie sorprende eso, es calco y copia de lo que sucedía en el Huallaga hace 25 años.

Peor todavía, hace poco, el ministro de Defensa Mariano González anunció que está preparando una nueva estrategia que implica una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos. Una pésima idea.

Dicho sea de paso, González nombró procurador del Mindef a Héctor Gutiérrez, quien tuvo que renunciar inmediatamente cuando se hicieron públicos sus vínculos con la mafia de Rodolfo Orellana. (“Perú21”, 21.9.16). Una peligrosa coincidencia, dado que el ministro tiene estrechos vínculos con la cúpula de Peruanos por el Kambio –no por casualidad fue número 1 en la lista del Parlamento Andino–, partido cuyo actual jefe ha sido acusado por ‘Vitocho’ García Belaunde de estar relacionado con esa organización delictiva y haberse librado de la acusación del Congreso gracias a un toma y daca con el presidente de la comisión que lo investigaba.

Un motivo por lo que es un grave error poner a los militares a combatir el narcotráfico es que, a diferencia de la policía que también está penetrada por la corrupción, tienen poder político. Las autoridades les tienen miedo y difícilmente pueden investigarlos y sancionarlos. Esa fue la experiencia del Huallaga y es la del Vraem ahora.

Sería saludable una rectificación.