La batalla por Chávarry, por Carlos Basombrío

Creo que no quedan dudas de que la breve tregua política entre el Congreso y el Ejecutivo, que comenzó con la caída de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), ha concluido. A diferencia de lo que ocurrió al inicio de este gobierno, la ofensiva política viene ahora desde el Ejecutivo hacia el Congreso. Y no, como en la etapa anterior, que discurría desde el Congreso hacia el Ejecutivo, cuando este último, más bien, intentaba llevar la fiesta en paz, con buenas intenciones, pero pésimos resultados.

Otra diferencia importante ahora es que, al inicio, la abrumadora mayoría parlamentaria de Fuerza Popular (FP) estaba legitimada ante el gran sector de votantes fujimoristas que la llevó al Congreso. Hoy, eso ya no existe y el Legislativo enfrenta niveles de aprobación de un dígito, y la lideresa de FP, que ganó holgadamente la primera vuelta y perdió por un pelo la segunda, no está muy lejos de lo mismo.

En estos días, el referéndum avanza en el Congreso a paso de tortuga cansada, pues la mayoría hace sumas y restas y los resultados no cuadran. Por su parte, los audios, con su apabullante monotonía, siguen saturando a una opinión pública que ya dio un veredicto unánime: “la justicia en el Perú está podrida”. Lo que sí crece en intensidad, día a día, son los aprietos en los que, con cada nueva revelación, se meten el Poder Judicial y el Ministerio Público.

En el primero hay algo de conciencia de que su prestigio se fue al subsuelo al descubrirse a otros jueces supremos en situaciones comprometedoras (Ángel Romero y César San Martín, los ejemplos más notorios). Pero al menos la institución trata de salvar la cara declarándose en emergencia. Ahora bien, esto no cambia ni el pasado ni el presente, como lo demuestra el caso del vocal superior capturado hace dos días recibiendo una coima.

La situación del Ministerio Público, por otro lado, es más complicada. El flamante fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha sido protagonista de algunos audios que negó mientras pudo y de varios otros entripados. El más reciente, según el semanario “Hildebrandt en sus trece”, es el plagio de 292 de los 356 párrafos de su tesis de maestría en derecho penal. Según Ipsos, el 94% de los que conocen su situación pide su salida. Sin embargo, él se sostiene gracias a tres votos –de un total de cinco–, que consigue sumando, además del suyo (la elegancia de abstenerse, cuando de uno se trata, ya no existe), el de los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez. Estos últimos cargan, además, con graves problemas éticos y quizás hasta penales.

A mi juicio –y creo que coincido con un sector importante de la opinión pública–, Pedro Chávarry no reúne los requisitos mínimos para dirigir una institución que debe liderar la lucha anticorrupción, empezando por los complicados casos de Lava Jato y Lava Juez. Menos aun, para encabezar una renovación en la fiscalía, en el marco de la reforma de la justicia. El tema deberá dilucidarlo el Congreso, donde se han presentado tres acusaciones constitucionales en su contra.

Por más que al ‘doctor’ César Hinostroza se le trate con guante blanco y que las cosas no avancen al ritmo del desafuero de Kenji Fujimori, sino más bien al paso de la sanción a Yesenia Ponce, me parece imposible que se salve de la acusación constitucional. De no hacerlo, el Congreso se haría un harakiri en público.

Así, la manzana de la discordia entre el Ejecutivo y la mayoría congresal será la permanencia de Chávarry como fiscal de la Nación. El gobierno ha sido muy enfático, a través del presidente Martín Vizcarra y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en señalar que Chávarry no es la persona adecuada para dirigir el Ministerio Público. Del otro lado, miembros de FP han salido a defenderlo. La más prominente, la ex presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, que dijo en su momento que no percibía delito en los audios de Chávarry y que no se sumaría a un “cargamontón” que pide su renuncia. (Lo que quiere decir, por consiguiente, que tampoco se decantaba por acusarlo constitucionalmente).

¿Permanecerá Chávarry en el cargo con el apoyo de FP, o el costo de mantenerlo en el puesto es demasiado alto frente a una opinión pública tan irritada? Difícil saberlo, porque Pedro Chávarry no es uno más de este drama, sino más bien parece una persona clave para un esquema político-judicial, cuyos detalles no conocemos todavía, pero del que ya intuimos algo.

Coda: Terrible el drama de los venezolanos que huyen de la dictadura venezolana porque –literalmente– ya no tienen qué comer. Sin embargo, como ha ocurrido en Europa, el éxodo de los desesperados tiene piernas largas, y la solidaridad patas cortas. Ecuador y el Perú han introducido un requisito aparentemente inofensivo para dejarlos entrar: que tengan pasaporte. En tiempos de Nicolás Maduro obtener uno puede costar hasta US$5.000. Lamentablemente es una realidad global que la solidaridad con el otro se acabe cuando se teme que el bolsillo sea afectado. Por eso, vale recordar siempre que cuando los peruanos huyeron de la pobreza hace algunas décadas, fueron recibidos allá fraternamente.