Fernando  Bravo Alarcón

Cuando se trata de obtener respuestas frente al desafiante, mayormente se espera que estas provengan de cumbres ambientales, gobiernos, investigaciones científicas, ‘think tanks’, organismos internacionales y otras instancias especializadas. Pocas veces se las vincula con la dinámica parlamentaria, la que suele asociarse con el debate político, los clivajes ideológicos y los intereses partidarios, mas no con políticas de corte ejecutivo que se plasman en acciones concretas encaminadas a responder a los problemas públicos.

Sin embargo, los parlamentos de muchísimos países han demostrado una buena disposición a involucrarse con la problemática del clima, en la medida que tanto sus agendas como sus estructuras internas la han incorporado, sea a través de proposiciones legislativas o de grupos de trabajo especializados en dichos temas. Y esto último no solo se registra en las ramas legislativas de las democracias más consolidadas del mundo: en los latinoamericanos, el calentamiento global también recibe singular atención, lo que se expresa, por ejemplo, en que la mayoría de ellos ya tiene una importante producción normativa relativa al clima y al ambiente.

En el caso del Perú, la Ley 30754, Ley Marco sobre el Cambio Climático, se promulgó en abril del 2018 luego de varios años de idas y venidas, si se toma en cuenta que los primeros proyectos de ley se pueden rastrear desde el 2008. Una despreocupada mirada sobre las iniciativas climáticas pudiera dar la impresión de que son valoradas como muy importantes, altamente consensuales y fácilmente asimilables por las agendas partidarias. El tortuoso proceso de aprobación que atravesó la mencionada norma demostró que ello no era tan así: ni la COP-20 del 2014 en Lima ni El Niño costero del 2017 fueron suficiente motivación para aprobar las propuestas, las que necesitaron de voluntarismo político y de circunstancias extraordinarias en las esferas del poder para convertirse en ley.

Lo real es que, en la medida en que el cambio climático se ha convertido en una narrativa global que tiñe las agendas de numerosos actores influyentes (como los medios de comunicación o las redes y movimientos sociales), los parlamentos buscan adoptar una actitud más proactiva, acaso conscientes de que sin su concurso se haría muy difícil la generación de decisiones o la consecución de acuerdos internacionales en materia climática.

Con el propósito de comprometer a los parlamentos con el calentamiento global y el desarrollo sostenible, desde hace años operan iniciativas como las de Globe International, de la Unión Interparlamentaria o de ParlAmericas, lo que se refleja en la cada vez más numerosa participación de legisladores en las conferencias anuales relacionadas con el clima (conocidas como COP).

En el caso de nuestra región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha instituido el Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa, una red de colaboración integrada por congresistas latinoamericanos cuyo propósito es construir una agenda regional concreta con vistas a mejorar la acción legislativa en tales materias. En la medida en que dicho espacio aún está en elaboración (solo están participando 17 países), se espera que más congresos latinoamericanos se sumen a dicha iniciativa, entre ellos el Parlamento peruano.

Es posible que las asambleas legislativas no sean tan populares en el mundo, pero muchas desarrollan interesantes líneas de trabajo que ameritan ser resaltadas, como lo vienen haciendo frente a los tópicos ambientales y climáticos, los que, así no nos guste, son asuntos políticos que deben ser abordados y trabajados como tales.


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Fernando Bravo Alarcón es Sociólogo de la PUCP