El entramado de la corrupción judicial, por Fernando Rospigliosi

Hizo muy bien el que filtró (o los que filtraron) a IDL-Reporteros y “Panorama” de Panamericana TV los audios que han puesto en evidencia la podredumbre del sistema judicial, a pesar de que está violando normas y corriendo un riesgo considerable si es descubierto. Si no hubiera ocurrido eso, la investigación se habría empantanado en los oscuros vericuetos del corrupto sistema judicial, para terminar finalmente en manos del que posiblemente es el peor de los organismos que lo conforman: el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encargado de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales.

En ese contexto, la única manera de evitar que la investigación sea ocultada, demorada y finalmente yugulada, era hacer públicas las interceptaciones telefónicas que son, como ha aclarado el fiscal superior coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, perfectamente legales. Fueron realizadas con el equipo Constelación de la Policía Nacional, a pedido de la fiscalía y con autorización de un juez.

La inmundicia que brota de las conversaciones telefónicas revela lo que muchos sospechaban. Pero es impactante escuchar el lenguaje descarado, ramplón, soez, delincuencial de magistrados que en la vida pública vierten discursos engolados y ampulosos, muchas veces en una jerga jurídica incomprensible.

Más allá de la indignación que provocan los audios, lo que ayudan a comprender –junto con otras revelaciones que se han hecho en el último tiempo– es el entramado de corrupción en el sistema judicial. Por ejemplo, la conversación entre Julio Gutiérrez, del CNM, y el presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, descubre que el primero se ufana de haber liquidado a una magistrada que postulaba para ocupar una fiscalía a fin de favorecer a un recomendado de Ríos. Y en otro audio, Ríos le dice a un asesor encargado de la negociación que pida “diez verdes”, diez mil dólares, como garantía para que apoyen a un postulante para obtener un cargo nombrado por el CNM.

Antes de la difusión de los audios, el periodista Ricardo Uceda había publicado tres reportajes en “La República” en los que destapaba el irregular nombramiento de Adolfo Castillo como jefe de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) por el CNM. Según Uceda, parte de los que manejan en realidad la ONPE es gente vinculada a José Luna Gálvez, dueño de la Universidad Telesup y del partido Podemos, que fue inscrito –según la denuncia– de manera fraudulenta, sin cumplir los requisitos necesarios. Entre los operadores de Luna Gálvez están José Cavassa y Luis Navarrete, que cumplieron un papel similar trabajando para Vladimiro Montesinos en la década de 1990.

Uno de los miembros del CNM que aparece en los audios, Iván Noguera, representante de las universidades privadas en ese organismo, ha reconocido que fue presentado como candidato al CNM por Telesup, y que su esposa es decana de la Facultad de Derecho de esa universidad. También Noguera ha admitido que vendió una propiedad en 380 mil dólares a Telesup. (“Caretas”, 12/7/2018). Podemos ha estrenado su participación electoral llevando como candidato al municipio de Lima a Daniel Urresti, procesado actualmente por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El caso de César Hinostroza Pariachi es también muy esclarecedor. Fue presidente de la Corte Superior del Callao y tenía una bien ganada fama como un juez deshonesto. No obstante, el CNM lo nombró miembro de la Corte Suprema en el 2017 y Duberlí Rodríguez lo designó presidente de una sala penal este año.

Por último, el audio en que se escucha a un individuo transmitir a Hinostroza el pedido de la señora K –que la congresista Alejandra Aramayo considera que sería Keiko Fujimori– para una reunión (aunque dicen que esa reunión no se llegó a efectuar) desnuda también la vinculación entre los políticos y jueces inmorales.

En suma, no hay ninguna duda de que el sistema judicial está completamente podrido y que requiere una cirugía mayor que, obviamente, solo puede venir desde fuera. El asunto es quién está dispuesto a hacerlo.

El presidente Martín Vizcarra ha hecho algunas declaraciones bien encaminadas y constituido una comisión –¡una más!– integrada por profesionales muy respetables para hacer propuestas, pero hasta ahora ha mostrado una preocupante falta de liderazgo que sería indispensable en un gobierno débil como el que dirige para impulsar realmente cambios sustanciales. Del Congreso, infestado también por la indecencia y dominado por intereses políticos subalternos, no puede esperarse mucho.

Realistamente, lo que puede conseguirse ahora, con la presión de la opinión pública y la prensa independiente, es la destitución y procesamiento de los magistrados corruptos descubiertos con las manos en la masa. Sería un avance, aunque dados los antecedentes, no hay garantía de que sus reemplazantes sean mejores.