La crisis del cambalache, por Federico Salazar

El problema de toda elección es el cambalache que hacen los candidatos con los electores. “Tú me das tu voto, yo te doy lo que quieres”. Lo que quieren los distintos electores, sin embargo, a veces no es lo mejor para el país como conjunto.

Los piuranos quieren la refinería de Talara, y esa obra sin duda mejorará el empleo en la zona inmediata. Eso, sin embargo, no tiene nada que ver con la rentabilidad de la inversión, con las proyecciones de los precios del petróleo o con los costos operativos.

Es solo un ejemplo. La campaña electoral ha consistido en ofrecimientos de este tipo, cuyo efecto de conjunto no se considera. No lo considera el candidato, no lo considera el elector.

No hay, pues, en el sistema actual, un claro mandato de gobierno nacional.

No sabemos tanto qué quiere el elector para el Perú, cuanto qué quiere para su región o su localidad. La tarea de gobierno, no obstante, no es la de un zurcido de demandas locales, sino la de un planteamiento general sobre la mejor administración de los recursos públicos.

Sabemos lo que los candidatos han ofrecido para el sur del país, para el norte o para el oriente. Desconocemos en gran medida, en cambio, lo que han ofrecido al país.

Incluso en los pocos planteamientos generales, hay falta de precisión y escasa argumentación.

En el tema fiscal, por ejemplo, Fuerza Popular ofrece hacer uso del Fondo de Estabilización Fiscal. No dice cuánto ni específicamente para qué. No señala montos ni plazos ni mecanismos de control o devolución.

Esta agrupación tiene ya mayoría en el Congreso y puede cambiar la ley que restringe el uso de esos recursos. Cabe preguntarse si sus electores votaron por ese uso del Poder Legislativo. ¿Puede Fuerza Popular arrogarse en el Congreso el mandato de relajar la disciplina de ese fondo?

Los de Peruanos por el Kambio (PPK) no se quedan atrás. Ellos plantean reducir el IGV hasta en 3 puntos porcentuales. No han mostrado un estudio que sustente el impacto supuestamente positivo de la medida en cuanto al consumo y la demanda. 

Los de PPK estiman, creen, suponen. Y el voto que se les otorgue, ¿es un mandato para poner en marcha estas estimaciones, creencias o suposiciones? O, en medida importante, ¿es un voto para que no salga la otra opción?

El candidato de PPK ha dicho que es necesario relanzar las operaciones mineras en La Oroya, debido a que de ellas dependen más de 1.500 puestos de trabajo. Pero ¿es eso lo más conveniente al país? ¿Y cómo hay que hacerlo, bajo qué modalidad de gestión y con qué inversión y con cuánto daño ambiental?

No hay en ninguna de las dos ofertas electorales una indicación sobre reducción del gasto público, sobre corrección de procesos administrativos o eliminación de regulaciones excesivas. Ninguna de las dos agrupaciones parece tener idea sobre las profundas reformas institucionales que se deben hacer.

No las hay no solo por desconocimiento. No hay indicaciones de lo que conviene al país porque eso no conviene a las campañas electorales. No conviene al cambalache de votos por promesas.

Desde la primera campaña y el primer gobierno de Alberto Fujimori, esta distorsión electoral ha ido empeorando. Él postuló contra el ajuste económico, salió elegido con esa oferta electoral y después resolvió hacer el ajuste. Lo que fue una zamarrada entonces, se ha convertido en un estándar hoy.

No vamos a salir de este sistema que vicia la democracia si no surgen líderes capaces de guiar a la población, de mostrar caminos y convencer al electorado. El líder debe mostrar lo que cree se debe hacer a favor del país más que a favor de su elección.

La claridad en el mandato tiene que ver con la legitimidad de la acción de gobierno. Los gobiernos son legítimos no solo por cómo son elegidos, sino también por cómo se conducen en relación al encargo que reciben de la nación.