Decepción con Vizcarra: ¿habrá rectificación?, por Fernando Rospigliosi

El gobierno del presidente Martín Vizcarra ha logrado algo que parecía difícil de alcanzar: en solo cien días la opinión pública considera que lo está haciendo peor que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en todos los campos, según la última encuesta de GfK. (La República, 1/7/2018). La de Datum registra que el 79% cree que estamos igual o peor que con PPK que, como se recuerda, estaba a su vez muy mal calificado. (Perú21 y Gestión 5/7/2018).

Eso se da en un contexto en el que la economía viene creciendo significativamente en los últimos meses, básicamente por los elevados precios de los minerales en el mundo.

El problema principal parece ser la falta de rumbo y liderazgo. Nadie sabe adónde va, cuáles son sus objetivos y prioridades. La imagen que pretendió dar desde el principio, un gobierno provinciano y descentralista, no le ha servido para mucho. Creyendo que había encontrado la fórmula mágica, Vizcarra se dedicó desde el principio a viajar por el país, movilizando muchas veces al Gabinete Ministerial completo a improductivas reuniones con alcaldes de diversas localidades, creyendo que eso reforzaría su perfil provinciano y elevaría su popularidad.

El resultado es que no ha resuelto ningún requerimiento, su aprobación ha caído en provincias igual o más que en Lima, y el Gabinete sigue siendo un conjunto de personas sin cohesión ni ruta definida.

En realidad, no se podía exigir a Vizcarra un equipo coherente y calificado, dada la situación de emergencia en la que asumió la presidencia. Pero por lo menos necesitaba algunas personas con ciertas características que le permitieran salir adelante al principio, hasta que pudiera asentarse. Como señalé en esta columna, antes de la caída de PPK, un eventual gobierno de Vizcarra “requeriría de por lo menos algunos políticos suficientemente hábiles y flexibles para tejer algunas alianzas y apoyos, ya que ni siquiera contaría necesariamente con la pequeña y poco eficaz bancada de Peruanos por el Kambio. Y, sobre todo, tendría que mejorar la gestión en sectores claves que puedan dar a la ciudadanía la esperanza de que las cosas van a mejorar.” (“¿Podría gobernar Martín Vizcarra?”, 17/2/2018).

No tiene ni lo uno ni lo otro. El gobierno muestra una preocupante falta de liderazgo y el presidente no se enfoca en destrabar algunos pocos nudos que permitan resolver problemas en sectores importantes.

Por ejemplo, un tema es el que mencionó el miércoles el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde: “Hemos creado procesos sumamente engorrosos que dificultan mucho la ejecución de la inversión pública. Y no se ha impedido la corrupción. O sea, hay el peor escenario”. Mucho más productivo sería que Martín Vizcarra dedique su valioso tiempo a eso que a recorrer el país sin un propósito claro.

De otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, tiene una agenda propia en la que avanza sin obstáculos. Por ejemplo, el 29 de junio se publicó un decreto de urgencia (008-2018), que él habría inspirado y que posterga el pago del derecho de vigencia –un pago anual por cada hectárea– de concesiones mineras pequeñas y medianas. Villanueva habría hecho aprobar ese D.U. una semana después de reunirse con mineros de Madre de Dios que amenazaron con una huelga, contra la opinión de funcionarios de los ministerios involucrados que estaban en desacuerdo con ese mal precedente. Pero al parecer los ministros están más interesados en conservar su puesto que en realizar una gestión adecuada y se sometieron.

Villanueva –según fuentes del gobierno– es también el autor del Decreto Supremo 004-2018 del Ministerio del Ambiente que entrega a los gobiernos regionales la potestad de decidir sobre las áreas de conservación regional (ACR). Esa norma les proporciona un arma a los gobernadores regionales opuestos a los proyectos extractivos de gas y petróleo “para implementar zonificaciones opuestas a la inversión privada”. (El Comercio, “Áreas de conservación en la mira”, 27/6/2018). Después de la anulación del decreto que permitía firmar contratos de exploración con Tullow, es otra pésima señal en un ambiente de caída de la inversión en este sector.

Da la casualidad que Villanueva como congresista había presentado un proyecto de ley similar, que no había prosperado. Ahora en el gobierno lo hizo aprobar como decreto supremo.

El preocupante incremento de la desaprobación de la ciudadanía a un gobierno que carece de partido y bancada parlamentaria puede producir una crisis en cualquier momento. El presidente está a tiempo de rectificar y julio es un mes propicio.