Se descascaran los ídolos, por Fernando Rospigliosi

El endiosamiento del presidente Martín Vizcarra parece estar llegando a su fin. No es que se vaya a derrumbar abruptamente su popularidad o que haya perdido el liderazgo de la coalición que lo respalda. Solo que sus últimos errores han puesto en evidencia que los desmedidos elogios que le brindaron políticos, periodistas, intelectuales y comentaristas estaban completamente fuera de lugar.

El gran líder republicano sin nadie que se le compare en la historia reciente, honesto y veraz, que está transformando el Perú rumbo al bicentenario, está recobrando su verdadera dimensión: un político audaz y con pocos escrúpulos, muy desconfiado y sinuoso, poco apegado a la verdad y quizás enredado en asuntos no muy claros.

El hecho de que no hubiera renunciado a los cargos que tenía en su empresa siendo vicepresidente de la República y ministro de Transportes –su compañía constructora está precisamente en el ámbito de ese ministerio– constituye una flagrante violación de la ley, por la que tendrá que responder cuando termine su mandato como presidente. Pero su respuesta cuando le preguntaron por qué no se había apartado como debió hacerlo es asombrosa: el cargo de ministro es transitorio y el vicepresidente no tiene funciones precisas.

Como vicepresidente tenía una oficina en Palacio de Gobierno y ocupaba la presidencia, es decir, desempeñaba un cargo ejecutivo, el más importante del país, cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) viajaba. Y como ministro tomaba diariamente decisiones que, por ejemplo, afectaban a empresas privadas que podrían estar interesadas en hacer negocios con C y M Vizcarra para congraciarse con el titular del sector.

Aunque la coalición vizcarrista ha tratado de minimizar la trascendencia de tamaño desatino y barrerlo bajo la alfombra, varios de sus integrantes se van percatando de la catadura de su líder. Por supuesto, no lo dicen en voz alta, pero es más o menos evidente que el entusiasmo desbordante que profesaban por el nuevo salvador de la patria ha menguado.

Sin embargo, no lo van a abandonar y fingirán no haberse dado cuenta. Hay muchos intereses en juego.

Otro ídolo que ha empezado a descascararse es el lenguaraz fiscal José Domingo Pérez. Las dudas sobre el acuerdo que él negoció con Odebrecht se han extendido. Su rabieta cuando se conoció el texto del convenio, a pesar de que probablemente él mismo se lo había filtrado en diciembre a su ONG favorita, que recibió decenas de primicias que apuntaban en una sola dirección, es una muestra más de su poca coherencia.

En suma, en las últimas semanas se ha producido un cambio que no es muy visible por el momento, pero que tendrá consecuencias a mediano plazo. Los fanáticos admiradores bajan el tono de sus lisonjas y empiezan a mirar otras opciones para el futuro.

Otrosí digo. La bárbara decisión de jueces y fiscales de enviar a prisión preventiva por 7 meses al suboficial de la Policía Nacional Elvis Miranda ha sido ampliamente criticada. Como es normal cuando un policía hace uso de su arma y ese acto tiene consecuencias fatales, hay que realizar una investigación. Pero tratar a un policía, que acudió al llamado de un ciudadano que había sido asaltado y enfrentó y persiguió a los facinerosos, como si él fuera el delincuente, no solo es un error sino es una injusticia que tiene nefastas consecuencias.

La más obvia, desalienta y desmoraliza a la policía en momentos en que la inseguridad sigue siendo un problema muy grave. Si ya hay una patente falta de entusiasmo en algunos sectores policiales para cumplir con sus deberes, este hecho les proporciona una justificación para la inacción y lo extiende a otros niveles de la fuerza.

En este caso no se trata de un asesinato a sangre fría de un prisionero rendido, como lamentablemente ha ocurrido en algunas ocasiones. Es una persecución, en que el presunto delincuente no se ha detenido, a pesar de las advertencias. ¿Acaso debió dejarlo escapar para que vuelva a cometer otro delito con impunidad y consecuencias imprevisibles? Dicen que estaba desarmado, pero el policía no podía saberlo y en estos casos es justificado presumir lo peor y actuar en consecuencia. El policía y el delincuente no son iguales, no tienen los mismos derechos.

Ha hecho bien el congresista Jorge del Castillo en presentar un proyecto de ley para evitar que los magistrados cometan estos disparates. Y sería mejor todavía que se incluya en ese proyecto una protección parecida a los civiles que enfrentan a los delincuentes (Doctrina del Castillo, que es de origen anglosajón y no tiene que ver con el parlamentario), que sufren iguales o peores consecuencias por defender su vida, su patrimonio y su integridad cuando resisten a un malhechor.