El desdén por el crecimiento, por Alfredo Torres

El tamaño del Estado y el crecimiento económico han sido dos campos en que la derecha y la izquierda ideológicas se han enfrentado en el Perú. La izquierda ha abogado por un Estado más grande y ha mirado con cierto desdén el crecimiento del PBI, especialmente si este era de carácter “extractivista”; mientras que la derecha ha tomado la posición opuesta: el Estado debe ser más chico y lo fundamental es el crecimiento impulsado por la inversión privada. Con el tiempo, un sector de la derecha peruana ha ido revisando sus posiciones con respecto al tamaño del Estado. Hoy existe un amplio consenso en que se debe incrementar el presupuesto público en educación y seguridad, tanto en infraestructura y tecnología como en pagar mejores sueldos a maestros y policías. No se observa la misma evolución en la izquierda peruana con respecto al crecimiento económico, ni siquiera en la centro-izquierda.

El desdén hacia el crecimiento proviene de la percepción de que lo fundamental son los programas sociales. Quien mejor lo ha expresado ha sido el propio presidente Ollanta Humala: “El desarrollo de un país requiere cambiar la estrategia de crecer para aumentar la inclusión social por el proceso de incluir para crecer... Es un grave error pensar que el crecimiento sacará a un pueblo de sus problemas”. Este desdén se torna en abierta oposición en sectores más radicales –como los de Tierra y Dignidad– que actúan con violencia para impedir el desarrollo de grandes proyectos mineros. El problema es que ni unos ni otros parecen entender que sin crecimiento económico no hay recursos fiscales que sostengan los programas sociales. 

El desdén presidencial y la oposición de los grupos extremistas han generado, según el IPE, que en lo que va de este gobierno se hayan retrasado inversiones mineras por más de US$21.500 millones, con lo cual se habría perdido un promedio de 3,2 puntos porcentuales del PBI anualmente. Es decir, no estaríamos ahora en un mediocre ritmo de 2% de crecimiento, sino en un vigoroso 5% o más. Los partidarios del fortalecimiento del Estado deberían tomar nota de que este mayor crecimiento habría generado US$4.734 millones más de impuestos. Con este monto se habría podido duplicar anualmente los presupuestos de inversión de los ministerios de Educación y del Interior, potenciando significativamente la infraestructura y el equipamiento de escuelas y comisarías en todo el país.

El estudio del IPE, denominado “El costo económico de la no ejecución de proyectos mineros”, presenta también algunos cálculos sobre su impacto en el empleo que parecen exagerados. El IPE estima que del 2011 al 2014 se habrían dejado de crear 791 mil empleos en la fase de inversión y 1,16 millones de empleos directos e indirectos en la fase de producción. Aunque estos cálculos pueden resultar demasiado optimistas, no cabe duda de que las grandes inversiones mineras generan miles de empleos formales bien remunerados tanto directos como indirectos, a través de las empresas que les proveen servicios. 

En cambio, el cálculo del impacto sobre la reducción de la pobreza es bastante más sólido. El IPE parte de estimar que la elasticidad promedio entre pobreza y PBI fue de -0,36 en los últimos cinco años, con lo cual la pobreza podría haberse reducido en 5,7 puntos adicionales del 2008 al 2014. Es decir, si hoy la pobreza es 22,7%, de haberse ejecutado los proyectos mineros esta se habría reducido hasta 17%. Es decir, habría 1,8 millones menos de pobres.

En el fondo, lo que revelan estas cifras es que los políticos y analistas de izquierda deberían prestar más atención al crecimiento económico. Si en lugar de luchar contra la riqueza se abocaran en serio a combatir la pobreza, entenderían que, antes que pensar en más controles o mayores impuestos, la clave está en reactivar los motores del crecimiento. La opinión pública lo tiene claro. En una encuesta reciente de Ipsos sobre cuán importante es para su vida diaria que el Perú crezca económicamente, el 85% respondió “muy importante” y solo 1% “nada importante”.

Es evidente que en muchos lugares del país la población rural mira a la minería con aprensión. Y que esta desconfianza está frecuentemente justificada. Pero también es muy claro el impacto de los grandes proyectos en el desarrollo del país. Corresponde a las autoridades nacionales y regionales abocarse a la tarea de sacarlos adelante con beneficios concretos para la población colindante, pero sin perder de vista su relevancia nacional. Es inaceptable que un líder político mire el crecimiento económico con desdén.