Dignidad republicana, por Carmen McEvoy

¿Qué circunstancia falta para denominarnos verdaderos republicanos?, preguntaba José Faustino Sánchez Carrión en un notable ensayo escrito un año después de proclamada la independencia. En ese contexto, “Consideraciones sobre la dignidad republicana” es una declaración de principios en la cual el abogado y político liberteño expresó su visión de una ciudadanía comprometida. No era la primera vez que el Solitario de Sayán analizaba el modelo del buen ciudadano contraponiéndolo al sistema de vasallaje, como él lo denominó, causante de un sujeto servil, pretencioso y corrupto. Es en el análisis de dos opciones políticas que remiten a dos formas de relacionarse al interior de una “comunidad imaginada” que el principal redactor de “La Abeja Republicana” concibió el concepto de “lesa ciudadanía”: un daño gravísimo contra la joven república. 

La república del Perú fue fundada por médicos, sacerdotes, intelectuales y abogados, y Sánchez Carrión fue uno de sus ideólogos más destacados. Principal redactor de la primera Constitución (1823) y primer secretario del Congreso, el verdadero gestor de la guerra libertadora –que concluye en Ayacucho– opinaba que la moralidad civil se relajaba desde el momento en que el delincuente asumía que su crimen quedaría impune. Por ello, junto a la libertad, debía prevalecer “el inflexible complemento de la ley”. En su discurso por la instalación de la Corte de Justicia de Trujillo, Sánchez Carrión no solo subrayó la labor cuasi sacerdotal de los magistrados, sino el gran paso que significaba descentralizar la justicia y hacerla eficiente.

Ante decenas de magistrados, Sánchez Carrión les recordó lo importante que era predicar con el ejemplo, el que debía trasladarse a las generaciones futuras. También mencionó que la rectitud y la firmeza debían ser la norma en todos los juicios. Ello evitaría costosos gastos y, lo más importante, colaboraría en detener “el influjo de los poderosos sobre la causa de los débiles”. Porque la creación de la Corte de Justicia de Trujillo era el inicio de un plan piloto tendiente a frenar “las arbitrariedades de jueces que, por la falta de una responsabilidad pronta y efectiva”, colaboraban con el crimen. 

Esta semana, el Consejo Nacional de la Magistratura nos ha mostrado que la tradición republicana, cimentada en el gobierno de la ley, sigue viva, pese a los embates en su contra. La parte “sana de la sociedad” ha reaccionado y, por ello, un fiscal de la Nación ha sido suspendido y luego destituido por intervenir en contra de investigaciones dirigidas a desbaratar el crimen organizado. Por otro lado, nueve abogados están con orden de captura por su participación en la red Orellana. El conocimiento de la lógica de las redes criminales que han secuestrado al aparato estatal ha permitido, entre otras cosas, que un congresista sea suspendido por sus vínculos con un presidente regional corrupto. Todo lo anterior evidencia que la dignidad republicana ha sido parcialmente recuperada y que, además, contamos con los instrumentos legales para defender al Perú. Sin embargo, es importante recordar que la lucha no ha terminado. Porque, citando a Sánchez Carrión, “basta un ligero descuido” para que se “mine el edificio republicano” ante “la sorpresa de sus propios dueños”. La guerra es larga y nuestro brillante prócer lo sabía.