Norma Correa Aste

La urbana se ha incrementado a nivel nacional. Antes de la pandemia, el número total de pobres en el ámbito urbano ya superaba al ámbito rural. De los 6,6 millones de personas en situación de pobreza al año 2019 (20,2% de la población), 3,7 millones se ubicaban en el ámbito urbano (1,5 millones en Lima Metropolitana) y 2,9 millones en el ámbito rural.

Uno de los impactos más duros de la pandemia en nuestro país fue el dramático incremento de la pobreza, retrocediendo una década de avances y duplicándose el número de pobres urbanos, que llegó a superar los 6,7 millones de personas en el 2020. La reactivación económica y el soporte de los programas sociales contribuyeron a mejorar las cifras de pobreza en el 2021, aunque aún no recuperamos los niveles pre-pandemia.

Según las estimaciones realizadas por el economista Javier Herrera, presentadas recientemente en el Grupo de Trabajo sobre Lucha contra la Pobreza del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), existen más de 8,6 millones de ciudadanos en situación de pobreza monetaria a nivel nacional de los que alrededor del 70% se ubica en el ámbito urbano. El número de pobres en Lima Metropolitana ya supera el total en el ámbito rural nacional.

Responder a esta realidad requiere un “cambio de chip” en el debate público, en el que se ha tendido a invisibilizar a la pobreza urbana o a asumir que se reduciría por efecto del “chorreo” económico. Asimismo, existen importantes brechas de conocimiento sobre la situación y las características de la población en situación de pobreza en las ciudades, las vulnerabilidades específicas que enfrentan y sus medios de vida.

Incrementar la visibilidad y la prioridad de la pobreza urbana en la agenda de políticas públicas no debe implicar que se reste importancia a la pobreza rural, sino que se aumente el reconocimiento de que la gestión pública tiene la obligación de responder a ambos desafíos de manera paralela. Avanzar en esta ruta supone reconocer los diferentes puntos de partida en términos de la capacidad estatal. En el transcurso de este milenio, el Estado Peruano ha acumulado mayor experiencia en responder a la pobreza rural. En esta se concentran las operaciones de los programas sociales más emblemáticos (Juntos, Pensión 65, Foncodes, entre otros). La ruta de mejora en materia de pobreza rural pasa por adaptar y potenciar soluciones para incrementar su efectividad (por ejemplo, en la Amazonía o en las zonas altoandinas), así como responder a desafíos emergentes (productividad agraria, cambio climático, etc). En contraste, los instrumentos de política social dirigidos a la pobreza urbana son muy escasos en el Perú. El desafío consiste en crear nuevas soluciones en respuesta a las vulnerabilidades específicas de los pobres urbanos, lo que requiere mejorar intervenciones ya existentes (por ejemplo, asistencia alimentaria, mejora de barrios, acceso a agua) con nuevas soluciones vinculadas al empleo, servicios de cuidado, seguridad ciudadana, transporte, entre otros.

La pobreza urbana requiere que la política pública salga de su zona de confort (ejecutar lo que existe) y que asuma el reto de generar soluciones viables y sostenibles, lo que será retador. La calidad de propuestas presentadas en la reciente campaña electoral para regionales y municipales fue muy precaria y la problemática de la pobreza urbana continuó siendo abordada como un asunto de menor importancia, con respuestas asistencialistas de corto plazo. A nivel del gobierno central, continuar entregando bonos por inercia no es un camino sostenible, además de suponer un riesgo de clientelismo. Ordenar la oferta pública existente, definir prioridades de intervención y repensar el rol de los gobiernos locales son algunos de los pasos necesarios en una agenda sobre pobreza y vulnerabilidad en las ciudades. Responder al desafío de la pobreza urbana es una de las principales oportunidades de innovación para las políticas sociales, pero también constituye un llamado de atención a nuestra clase política, la que parece estar más interesada en su sobrevivencia que en reaccionar al deterioro en las condiciones de vida de millones de ciudadanos.

*La autora lidera el grupo de trabajo CÍES sobre lucha contra la pobreza.

Norma Correa Aste es profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú

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