“Esperamos fervientemente que esta propuesta no merezca más atención de nuestros congresistas”. (Ilustración: Giovanni Tazza)
“Esperamos fervientemente que esta propuesta no merezca más atención de nuestros congresistas”. (Ilustración: Giovanni Tazza)
Iván Alonso

Economista

Por el canal de televisión del Congreso se ha transmitido la presentación del profesor Javier Olivera, de la Universidad Católica, a la comisión multipartidaria para la reforma del sistema de pensiones. La idea central de la propuesta presentada es la expropiación de la mitad o más de los fondos acumulados a lo largo de los años por los 7 millones de afiliados al . Pero la propuesta no se limita a expropiar los aportes pasados, sino que se extiende a los aportes futuros, pues, en adelante, el 8% de las remuneraciones de los afiliados, que actualmente va a sus cuentas individuales de capitalización, iría a un fondo común, y además se los obligaría a aportar un 4% adicional, la mitad para sus cuentas individuales y la otra mitad para el fondo común. Más que de una expropiación, que supone el pago de un justiprecio, se trata de una confiscación.

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La propuesta se basa en una serie de falacias. La primera es que el éxito del SPP se debe a la “erosión premeditada” –una acusación no menor que debería ser probada– del Sistema Nacional de Pensiones (la actual ONP). No hay una sola cifra en la presentación que sustente esa afirmación. Pero veamos. En 1995 había 1,7 millones de cotizantes entre ambos sistemas, 17% de la población económicamente activa. Manteniendo esa proporción, la ONP tendría hoy 3 millones de cotizantes, si no existiera el SPP. Pero hoy hay 5 millones de cotizantes. Quiere decir que el éxito del SPP (o parte de él) está en haber “creado” 2 millones de futuros pensionistas. Mucho se habla de la baja cobertura del SPP, pero la verdad es que la cobertura del sistema público era aún más baja.

La segunda falacia es que la expropiación de los ahorros acumulados en el SPP es necesaria para restablecer la solidaridad con los afiliados de menores ingresos, incluyendo los de la ONP. Una idea que, además, es profundamente antilaboral. Puede ser que, por solidaridad, queramos darle a cada jubilado una pensión mínima, independientemente de lo que haya podido aportar al sistema. Pero no tienen por qué financiarla los trabajadores con sus aportes pasados y futuros al SPP. Se debería financiar, más bien, con los impuestos que pagamos todos, afiliados y no afiliados, empresarios y trabajadores, empleados y empleadores.

La tercera falacia es que la expropiación cumpliría su cometido. Difícilmente. En el mejor de los casos, según las propias proyecciones del profesor Olivera, los más pobres de los jubilados de la ONP recibirían un aumento de sus pensiones de 583 soles mensuales a 750, incluyendo la pensión mínima.

La cuarta es que el nuevo sistema solidario sería sostenible. Otra vez, según sus propias proyecciones, de aquí a 20 años las reservas del fondo común prácticamente se habrían agotado, y el Gobierno tendría que destinar una partida presupuestal equivalente al 6% del PBI para el pago de pensiones. Diez años después la partida subiría al 10% del PBI.

La quinta falacia es que el nuevo sistema tendría un costo de operación más bajo que el actual. Algo que se ha repetido una y otra vez y que sería bueno poner, por fin, a descansar. Los gastos administrativos de la ONP son más del 9% de las contribuciones que recauda. Los de las AFP en su conjunto no llegan al 5%.

Esperamos fervientemente que esta propuesta no merezca más atención de nuestros congresistas.