Fondos de origen incierto, por César Azabache Caracciolo

El inicio del ciclo anticorrupción en el que estamos involucrados ha puesto en evidencia el nivel de corrosión que el lavado de activos causa en el sistema institucional. Los desfalcos que generaron la crisis por corrupción de finales de la década de 1990 y los que están en la base de la actual crisis regional han sido posibles porque existe entre nosotros un mercado extenso que ofrece alternativas de inversión y consumo clandestino con bajos riesgos legales a los tenedores de fondos de origen incierto. Si queremos romper el ciclo que conduce a la repetición de crisis como la actual, tenemos que intervenir ese mercado con urgencia.

Como es evidente, dentro de ciertos márgenes, el dinero disponible impulsa el desarrollo de intercambios. Y si el dinero es clandestino, los intercambios que impulsará serán también clandestinos. Los sobornos se pagan con dinero negro, que debe ser lavado en actividades cuyo encubrimiento requiere nuevos sobornos. Los terrenos invadidos en todas las zonas periféricas de Lima se compran y venden con dinero de origen y destino invisibles, y los fondos acumulados por estas transacciones son reinvertidos sin dejar rastro. Las fuerzas de choque que se contratan para organizar invasiones y para repelerlas se pagan con fondos de origen incierto, y las extorsiones y secuestros que refuerzan nuestra inseguridad tienen como víctimas a tenedores de dinero en efectivo. Agreguemos a la relación el narcotráfico y la minería informal, además de la expansión del sicariato y tendremos casi completa la escena sobre la que estamos instalados. 

Hace un año, antes de la crisis de los gobiernos regionales, la Fiscalía de la Nación estimaba que el mercado de circulación de fondos clandestinos absorbía anualmente un volumen equivalente al tercio de la recaudación pública por impuestos (US$ 10mil millones, más del 5% del PBI). Es imposible neutralizar la expansión de un mercado de estas dimensiones solo organizando casos legales de impacto limitado. El asunto, sin duda, debe ingresar a la agenda de economistas y expertos en políticas públicas. 

Por lo demás, los expertos en estos asuntos dan cuenta ya de un menú de medidas de impacto directo en prueba. Entre ellas está la oferta intensiva de cuentas de ahorro y de herramientas para manejar dinero desde aparatos móviles; la creación de planes promocionales para captar fondos y canalizar pagos y la flexibilización del sistema de garantías y créditos de bajo costo. En paralelo, por cierto, parece urgente retomar los esfuerzos iniciados en la década de 1980 por ordenar los registros que validan la propiedad inmobiliaria. 

En el medio de estas discusiones, urge considerar un ciclo de amnistías tributarias y penales que refuerce la absorción de fondos de origen incierto por el sistema formal. Un período de amnistía semejante al que se emplea para desmovilizar guerrillas debe ser secundado después por una reforma legal que simplifique las leyes para comenzar a sancionar, de manera abierta, clara y sencilla, la tenencia de fondos de origen incierto. Para eso habrá que abandonar fórmulas legales de uso ambiguo como la referencia a los llamados delitos previos que rige actualmente, que ha mostrado en nuestra práctica servir solo para multiplicar las confusiones y perder de vista la cuestión que las leyes penales deben ayudar a combatir: la tenencia y circulación de fondos de origen incierto.