"Debería dar señales claras para reducir el número de casos y reasignar sus recursos para dedicarlos a actividades más productivas y efectivas". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"Debería dar señales claras para reducir el número de casos y reasignar sus recursos para dedicarlos a actividades más productivas y efectivas". (Ilustración: Giovanni Tazza)
Alfredo Bullard

Era el año 1995. Hace más de 20 años. El estaba en sus orígenes. Me acababan de contratar y tenía muy pocos meses trabajando ahí.

Me entrevistó un funcionario del Banco Mundial. Discutimos los riesgos que veía en la institución. El diseño del Indecopi era extraño. Único en el mundo. La mayoría de cosas que hace (propiedad industrial, derechos de autor, protección al consumidor, dumping, concursal, competencia desleal, libre competencia, publicidad, etc.) están en otros países separadas en diversas instituciones. Acá pusieron todo bajo el mismo techo. Podía ser muy moderno. Pero también podía convertirse en un arroz con mango.

“Me preocupa colocar protección al consumidor junto con todas estas cosas adicionales”, me decía el funcionario. “Mi experiencia es que protección al consumidor es una esponja para absorber recursos pero tierra árida para arrojar resultados. Áreas como libre competencia, que pueden tener mucho más impacto para los consumidores (por ejemplo detectar y sancionar un cartel de precios), posiblemente verán que no tienen recursos y pueden atender solo unos pocos casos mientras que casos de planchas, enlatados, pasajes aéreos y consumos de tarjeta de crédito van a multiplicarse por miles, a un costo alto por expediente y con un impacto reducido en la población”.

En la conversación discutimos sobre el riesgo populista de la protección al consumidor. Y no le faltaba razón. Decía que la institución trataría de hacerse popular con casos del día a día, pero no tendría capacidad de corregir realmente los problemas que existen. Y esos casos llenarían titulares en los periódicos atrayendo más casos con poco impacto. Y el gobierno presionaría (o al menos vería con buenos ojos) los fogonazos de arcabuz antiguo (esos que hacen mucha bulla y lanzan fuego cuando disparan una balita pequeña y casi inofensiva) en que se convertiría cada decisión.

Alrededor del Indecopi pulularían varias asociaciones de consumidores vividoras de ese accionar inefectivo. Y eso que en esa época el funcionario no sabía que años después se concedería a dichas asociaciones el derecho a cobrar parte de las multas de los casos que iniciasen. No les preocuparía mucho el bienestar de los consumidores, sino el impacto mediático, el salir en los periódicos, a veces la carrera política de sus integrantes y, con los cambios legislativos posteriores, el dinero de las multas.

En esas épocas aún no existía la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, con un impacto en el bienestar que multiplica muchas veces el bienestar generado por la Comisión Protección al Consumidor, a pesar de tener la primera menos recursos. Algo similar pasa con la relación con la Comisión de Libre Competencia.

La predicción del funcionario no pudo ser más precisa. Hoy se apilan por miles los expedientes de protección al consumidor restando recursos a actividades más efectivas. Las reacciones mediáticas y sin sustento técnico priman y sepultan toda predictibilidad por falta de criterios. Y como suele pasar con las instituciones de protección al consumidor en todos lados del mundo, se concentran en atender al sector de ingresos altos (electrodomésticos, viajes turísticos, tarjetas de crédito, etc.) y casi no atienden problemas de productos de primera necesidad.

Ni siquiera cumplen con su ideal de proteger al más débil. Se concentran en supermercados y grandes productores y no tocan (ni con el pétalo de una rosa) el mercado informal, donde los productos y servicios son peores y peligrosos y donde suele comprar la gente más pobre. Igualito como pasa con las municipalidades y Defensa Civil, que persiguen medidas de seguridad en los centros comerciales ‘pitucos’ y no se meten con las galerías informales con contenedores que son trampas mortales y sin un extintor contraincendios en todo el edificio.

Y es que en lugar de fomentar hemorragias inmanejables de casos, el Indecopi debería establecer prioridades. Debe establecer principios de acción, criterios generales y ver cómo focalizarse en casos realmente relevantes de alto impacto en el bienestar general. Debería dar señales claras para reducir el número de casos y reasignar sus recursos para dedicarlos a actividades más productivas y efectivas. La administración actual tuvo la mala suerte de recibir la pesada carga de manejar el monstruo. Pero debe asumir el reto de cambiar las cosas.

El Indecopi ya está Maduro, pero no por haber crecido y mejorado con los años, sino porque de no corregir esos problemas, se acerca a los logros del presidente de Venezuela: mucho populismo con pocos resultados.