Juego de números, por Camila Gianella

Entre el 2013 y el 2015, participé junto a Alicia Yamin, en ese momento asociada a Centro FxB de la Escuela de Salud Pública de Harvard, en una investigación sobre litigio internacional de derechos sexuales y reproductivos. En ese marco analizamos el caso de Mamérita Mestanza.

Esa investigación, financiada con fondos de Pluricourts, nos mostró que, pese a las evidencias, a la aceptación formal del Estado Peruano de la perpetración de violaciones de derechos humanos como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), a su compromiso de investigación y reparación a las víctimas, así como a la perseverancia de las propias víctimas, casi nada se había avanzado para repararlas o siquiera investigar sus casos. No existía interés político, las autoridades no brindaban la evidencia necesaria para las investigaciones y no existía un compromiso real de reparación.

Desde el 2014, con fondos del Consejo de Investigación de Noruega, participo en una investigación regional, que incluye el análisis de políticas de salud sexual y reproductiva implementadas en el Perú desde la década de 1990. Sobre el PNSRPF de 1996, es necesario señalar que –si bien se enmarcó dentro de un contexto internacional de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos– la política implementada en la segunda mitad de esa década tuvo un claro corte de control poblacional focalizado en mujeres. Esto se refleja, por ejemplo, en concentrar las metas del programa de salud reproductiva exclusivamente en las mujeres, o en ignorar temas relacionados con la autonomía reproductiva, como el derecho al aborto.

En 1996, el PNSRPF, ignorando evidencia sobre esterilizaciones forzadas como parte de políticas de control poblacional en Brasil, India o Puerto Rico, estableció metas de esterilizaciones quirúrgicas (León, 1998), permitiendo y promoviendo la priorización de este método anticonceptivo frente a otros. Estas metas de esterilizaciones no fueron establecidas en base a la demanda, pues esta ni siquiera se conocía con exactitud. Lo que se podía proyectar en 1996 era la demanda de métodos anticonceptivos en general, mas no de este en particular. De esto se infiere que existió una intención entre los que diseñaron el PNSRPF por priorizar las esterilizaciones quirúrgicas frente a los demás métodos.

El PNSRPF fue diseñado por el Estado Peruano para ser implementado en el sistema de salud del país. En 1996, el Ministerio de Salud (Minsa) conocía sus propias debilidades –en términos de infraestructura y de recursos humanos– para brindar servicios de planificación familiar (PF) (León et al 1997). Pese a ello, se insistió con las metas de esterilizaciones y, lo que es aun más grave, el Gobierno decidió no enmendar tal política e ignorar las primeras denuncias de abuso que aparecieron casi desde el inicio del programa. Así, miles de mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, de manera sistemática, en diferentes lugares del país. Lamentablemente, parece que en el Perú 3.453 mujeres de diferentes regiones del país registradas como víctimas de esterilizaciones forzadas no es un número suficiente para hablar de una vulneración sistemática de derechos humanos ni de responsabilidad estatal.

Como si ignorarlas no fuera suficiente, se ha creado una narrativa en la que las víctimas aparecen como las responsables del debilitamiento de las políticas de PF, omitiendo burdamente mencionar que el ataque a las políticas de PF, y en general a los derechos sexuales y reproductivos por actores conservadores actuando dentro del aparato estatal, es una tendencia en la región desde inicios del 2000 (Vaggione y Mujica, 2013; Vaggione, 2015; 2013; Gianella et al 2017), las esterilizaciones forzadas no son la única explicación.

Lamentablemente, analizar el giro conservador en las políticas públicas no es lo importante, lo importante es convertir el dolor de las víctimas en un cómodo juego de números.