Justos por pecadores, por Alfredo Bullard

El aumento de la criminalidad preocupa a la población. Sicarios cometiendo asesinatos, automóviles acribillados, persecuciones por las calles en vehículos llenan las primeras planas.

El congresista Héctor Becerril toma nota. En estos crímenes se suelen usar automóviles. Se le ocurre una idea ‘brillante’: una ley que limite la velocidad de los vehículos a 10 kilómetros por hora. Así los delincuentes se verán desincentivados a usar automóviles en sus crímenes.

¿Estaría de acuerdo? Evidentemente, no. La respuesta ante los criminales es capturarlos y mandarlos a la cárcel. Limitar la velocidad puede incrementar el costo de delinquir a los malhechores (que son los menos). Pero incrementa los costos y afecta los derechos legítimos de los bienhechores (que son los más).

Y ello con un agravante: la demanda por infringir la ley de los malhechores es inelástica y la de los bienhechores es elástica. Los criminales seguirán rompiendo el límite de velocidad asumiendo los costos. Las personas comunes y corrientes somos los que usualmente cumpliremos con la ley. En síntesis, la ley no desincentivará a los sicarios y su cumplimiento nos costará a todos los demás.

El proyecto cae en lo que se conoce como “regulación anecdótica”: crear regulaciones generales por problemas causados por actividades aisladas. El problema se corrige aplicando la ley existente a los delincuentes, no afectando el derecho legítimo de los ciudadanos.

¿Ha presentado el congresista Becerril el proyecto que limita la velocidad de los carros? Pues sí y no. No ha propuesto limitar la velocidad de los automóviles, pero ha propuesto (bajo la excusa de la mafia de Orellana) limitar el uso de otra institución que genera enormes beneficios a la sociedad: el arbitraje. 

El arbitraje en el Perú es una historia de éxito. Es usado masivamente reduciendo la congestión judicial, el tiempo de los juicios (frente a cinco años en las cortes ordinarias, un arbitraje dura alrededor de un año), ha reducido riesgos de corrupción, da un manejo más técnico y especializado a los casos. Ha generado seguridad jurídica. Su efecto en el desarrollo institucional reduciendo los costos de transacción a la economía y fomentando la inversión y el crecimiento ha sido enorme. 

Diversos especialistas internacionales han calificado la ley peruana como una de las más modernas del mundo y la experiencia del Perú como uno de los desarrollos más positivos y exitosos del arbitraje en la historia. 

En el proyecto de ley N°. 405/2014-CR, Becerril ataca precisamente las ventajas del arbitraje: su celeridad (propone que haya apelación obligatoria), su flexibilidad (prohíbe que el pacto de las partes sea libre de escoger el tipo de arbitraje), su carácter interpartes (obligando a la intervención de terceros que no pactaron ir a arbitraje), la confidencialidad (obligando a publicar el inicio de un arbitraje). Cualquier manual básico de arbitraje dice que esos son los elementos fundamentales que explican su éxito o fracaso.

Pero lo más absurdo es que ninguna de esas medidas evitará que delincuentes como Orellana sigan actuando. Los delincuentes no manejaran más despacio porque una ley pone un nuevo límite de velocidad. El remedio para protegerse de Orellana y sus secuaces es meterlos presos, no encarcelar los derechos de quienes usamos las instituciones de manera adecuada y responsable. El remedio para que no se afecten derechos de terceros ya lo dio el Tribunal Constitucional en el Caso María Julia, que permite cuestionar la ejecución de laudos arbitrales contra quienes no fueron parte del arbitraje.

La pregunta es si se justifica que los inocentes paguemos por los pecados de Orellana. Es claro que no. Orellana debe pagar por los pecados que cometió. Para eso están los jueces, los fiscales, la policía y las instituciones. Y para eso Becerril debería estudiar un poco antes de presentar proyectos de ley sin pies ni cabeza.