"Se esperaría de un gobierno de izquierda encabezado por un profesor de escuela rural que implemente políticas concretas en favor de la población más necesitada. Hasta el momento, más allá de algunos gestos, no ha habido muchas iniciativas concretas". (Foto: PCM)
"Se esperaría de un gobierno de izquierda encabezado por un profesor de escuela rural que implemente políticas concretas en favor de la población más necesitada. Hasta el momento, más allá de algunos gestos, no ha habido muchas iniciativas concretas". (Foto: PCM)
Martín  Tanaka

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La semana pasada decía que el Consejo de Ministros presidido por podría entenderse, momentáneamente, como una muestra de la capacidad de resistencia de nuestras instituciones para inclinar la balanza hacia un camino de mayor gobernabilidad. El presidente ha malgastado sus cruciales primeros meses de gobierno en ofrecer gestos ambiguos, quedar atrapado entre presiones cruzadas de sus propios aliados, realizar y defender nombramientos desacertados, y sumirse en el silencio y la indefinición, antes que en proponer políticas en favor de los sectores sociales más desfavorecidos, supuesta misión fundamental de su gobierno. La primera semana de octubre, por fin, lanzó un conjunto de propuestas bajo el rótulo de ‘segunda reforma agraria’, pero igual quedaron muchas definiciones pendientes, y no ha habido otras.

Considero que un camino posible para el nuevo Consejo de Ministros es que se concentre en las políticas públicas enfocadas en la atención a la población en situación de pobreza y pobreza extrema, y que construya consensos amplios alrededor de estas. Así, podrían satisfacer las expectativas electorales que Castillo despertó, generar consensos entre los grupos parlamentarios, relacionar al gobierno nacional con los regionales y locales, movilizar a la sociedad civil y atender un asunto crítico para el desarrollo del país. Para esto, tendrían que reordenar la lógica del Gobierno en función de dichos objetivos.

Buena parte de nuestra izquierda en los últimos años ha manejado un discurso contrario al “modelo neoliberal”, planteando que los “grupos de poder” manejan las grandes decisiones de política, lo que explicaría que el crecimiento del país no haya solucionado los problemas de la mayoría. De allí se deduciría la necesidad de cambiar la Constitución de 1993, supuesta concreción del modelo, y de presionar al empresariado a través de anuncios de renegociación de contratos o renovadas presiones tributarias. El problema es que se trata de un mal diagnóstico. En realidad, el freno para atender los problemas de educación, salud o desarrollo de las zonas rurales no está tanto en la resistencia de los grupos de poder, sino en la falta de decisión y en la incapacidad de los gobiernos para reorientar la lógica del Estado en favor de los ciudadanos, especialmente de los más necesitados. No es que no exista en el Perú un problema redistributivo, ni que no existan contradicciones y conflictos entre grupos sociales, pero claramente allí no están los problemas principales que impiden avanzar en las soluciones. Con los recursos disponibles es mucho lo que se puede hacer, pero para esto se necesita de un Estado capaz de implementar políticas complejas, que requieren “sintonía fina”, persuasión, coordinación, persistencia, coherencia y un liderazgo político con claridad de objetivos.

Ciertamente se requiere de más recursos y de aumentar la presión tributaria, pero estos no se obtendrán confrontando a las grandes empresas; en términos tributarios, los problemas centrales están en la necesidad de reestructurar el gasto público y en reducir los altos niveles de evasión, que implican un problema más complejo. Y no es que de la noche a la mañana contaremos con una abundancia de recursos y de rentas para redistribuir. Si pensamos en el desarrollo rural, lo que se necesita son múltiples intervenciones articuladas que pongan como centro el desarrollo de los territorios en pobreza extrema, en las que converjan el gobierno central y los gobiernos regionales y locales, con iniciativas que movilicen al Midis, al Minagri, y a sectores como educación, salud, transportes y comunicaciones, para implementar iniciativas convergentes y complementarias. El esfuerzo de coordinación para esto es enorme, pero se tiene que empezar.

Se esperaría de un gobierno de encabezado por un profesor de escuela rural que implemente políticas concretas en favor de la población más necesitada. Hasta el momento, más allá de algunos gestos, no ha habido muchas iniciativas concretas. El conocimiento, los diagnósticos y las propuestas existen. ¿Será capaz el presidente de entender que ese camino está disponible y actuar en consecuencia?