Quizá nunca lleguemos a saber si Pedro Castillo estaba meciendo descaradamente a monseñor Barreto y a Max Hernández cuando les dijo estar de acuerdo con un Gabinete de unidad en el marco del Acuerdo Nacional.

Puede que sí, pero quizá en esos días no lo descartaba como posibilidad. Ello, en el supuesto de que hubiese evaluado que ello le podía ser útil al único objetivo que organiza su vida política; a saber, cómo evitar dejar Palacio antes de conseguir impunidad para los casos de corrupción en los que cada vez hay más evidencias de su involucramiento al punto de que la fiscal que investiga uno de ellos lo coloca como cabeza de una organización criminal.

Aníbal Torres y Vladimir Cerrón lo han convencido de que esa apuesta era muy riesgosa. Que la única forma de salvar el pellejo era retomar el radicalismo polarizante. Tratar de convertir las protestas populares en regiones, causadas por el fracaso gubernamental para paliar los efectos del aumento de la canasta alimenticia básica y los insumos para producir (petróleo y fertilizantes) para los más pobres, en una supuesta lucha política “por una asamblea constituyente y contra los monopolios”.

Es verdad que, de concretarse este delirante despropósito, una Constitución al estilo cubano o venezolano establecería un régimen autoritario en el que Castillo y Cerrón podrían vivir tranquilamente, recordando con sorna cuando en democracia eran perseguidos por una justicia independiente.

Pedro Castillo se ha burlado descaradamente de quienes desinteresadamente querían encontrar una salida sana para la profunda crisis política, social y económica a la que nos ha llevado nueve meses de desgobierno.

Aníbal Torres –motivado por su angurria por conservar el cargo y con la brutalidad que lo caracteriza– se lanzó a la ofensiva contra quienes pedían un cambio radical hacia un gobierno de unidad nacional. “Ahí tenemos un cura [...] que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. [...] Lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías”.

“El Acuerdo Nacional no va a resolver nada [...]. Ahí está Max Hernández, ¿no es verdad que usted está siempre del lado de la ultraderecha?”.

Nunca en la historia del Perú un ministro se ha expresado en estos términos contra personas honorables y, en general, contra ninguna persona. Una infamia sin límites frente a la que no ha habido una palabra de disculpas públicas por parte de Pedro Castillo que pudiese indicar algún nivel de desagrado con lo dicho por el admirador de Hitler.

Monseñor Barreto fue muy enfático al decir que esta –si la hubo– era su última oportunidad. La última, última.

Por eso, hay algo muy positivo en esta situación: no creo que haya ya nadie honesto, con buena voluntad y un mínimo de conocimiento de lo que está ocurriendo, que pueda pensar que Castillo vaya a dejar de ser Castillo.

El mayúsculo daño que le hace al país cada día adicional de su desgobierno debiera convencernos de que hay que dar la batalla final contra la cleptocracia y la renovada amenaza autoritaria.

Ahora bien, tenemos dificultades. En el Congreso hay un número suficiente de legisladores que, por razones nada altruistas, sigue protegiendo a Castillo, sin darse cuenta de que ello produce el efecto inverso al que quieren conseguir.

Otra dificultad a vencer es la pasividad de una población que no encuentra aún la forma de canalizar su decepción, hartazgo e indignación ante lo que estamos padeciendo. Estoy convencido de que liderazgos nuevos, sanos y plurales pueden romper ese bloqueo.

El mamarracho de proyecto de ley que –según fuentes del diario “La República”– ha sido elaborado al alimón, y para su vergüenza, entre el canciller Landa y el ministro de Justicia, colisiona con la Constitución, las leyes y el más mínimo sentido común. Por ello, va a ser archivado en la Comisión de Constitución en pocos días.

Ellos tratarán de convertir eso en movilizaciones políticas contra el Parlamento y “el derecho del pueblo a expresarse”. Puede haber mucho costo humano y destrucción en algunos lugares. Desde ya hay que responsabilizar a Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Aníbal Torres y su Gabinete en pleno (abstenerse no exime de responsabilidad, solo lo hace la renuncia) por la violencia que esto pueda generar. Que no olviden que el poder es efímero y que los grandes crímenes sellan la vida de los que los cometen.

No podemos perder esta batalla que, creo, debiera ser la definitiva. Tenemos que hacer lo contrario: expresarnos masiva, creativa y pacíficamente por una salida democrática. No podemos permitir que los que ya han recibido la extremaunción política nos hagan creer que pueden lograr sus objetivos. Castillo como gobernante es ya un muerto viviente. Los promotores de la salida autoritaria son ínfimas minorías que se conocen todas las mañas de la política con minúsculas y, con ello, se aprovechan de la inacción de la inmensa mayoría.

De nosotros depende. De nadie más.

Carlos Basombrío Iglesias analista político y experto en temas de seguridad

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más