Lobby
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Enzo Defilippi

Profesor de la Universidad del Pacífico

No me voy a sumar al apanado mediático que ha sufrido la congresista Mercedes Araoz por haber relacionado los ingresos de los congresistas con su resistencia a las tentaciones de la deshonestidad (ella ya reconoció que fue un error). Pero sí voy a referirme a lo que dijo sobre cómo podrían hacerlo: sucumbiendo a los lobbies indebidos. Me parece sintomático que los haya mencionado.

Hacer implica tratar de influenciar a quien toma una decisión de política pública para que lo haga en tal o cual dirección. Ello, en sí mismo, no tiene nada de malo. No porque una decisión le convenga a una empresa, ONG o sindicato, deja de convenirle al resto de la sociedad. Además, la responsabilidad de quien toma la decisión es hacerlo bien informado, y ello implica escuchar a los interesados.

El problema ocurre cuando el lobby se hace a espaldas de la sociedad, a través de amigos, conocidos o recomendados. Ello abre la puerta al compadrazgo, los conflictos de interés y, cómo no, a la : chamba para los familiares, contratación de empresas relacionadas como proveedores y financiamiento ilegal de campañas. Por ello, encuentro especialmente sospechoso cuando veo que propuestas desechadas por los ministerios aparecen reflejadas en proyectos de ley (¡inclusive con la misma redacción!), que se discutan propuestas cuya lógica el congresista que las plantea no es capaz de articular, o cuando leo que un cuestionado gestor de intereses que se hace pasar como profesional independiente ha sido nombrado director de una empresa pública (lo que indica cierta cercanía con el gobierno).

El Perú tiene una ley que regula el lobby desde el 2003, pero lo hace tan mal que nada ha cambiado desde su promulgación. Por ello, me pareció adecuado que el año pasado el Ejecutivo haya promulgado el Decreto Legislativo 1415, que busca corregir algunas de sus fallas. Entre otras disposiciones, establece que los altos funcionarios (presidente, vicepresidentes, congresistas, ministros, gobernadores regionales y alcaldes, entre otros; así como sus consejeros y asesores) están prohibidos de reunirse con gestores de intereses fuera de sus oficinas, además de estar obligados a mantener un registro de cada vez que lo hacen. Ya no más reuniones en restaurantes discretos, clubes privados o casas de empresarios amigos.

Si bien me parece un paso adelante, no creo que esta ley vaya a solucionar por completo el problema de las influencias indebidas. De hecho, ninguna ley podría hacerlo. Un funcionario corrupto siempre encontrará la manera de disfrazar sus reuniones o de negociar a través de terceros, y un lobbista informal siempre podrá justificar sus gestiones bajo cualquier pretexto (“asesoría legal”, por ejemplo). Pero este nuevo sistema hará que sea cada vez más difícil hacer lobby por lo bajo en un mundo en el que abundan las grabadoras de voz y las cámaras de seguridad. También hará que sea más difícil gestionar intereses de manera informal cuando ello requiera reunirse con múltiples funcionarios.

Una sugerencia. ¿No tendría sentido que exista un registro público de gestores de intereses y que estén obligados a declarar quiénes son sus clientes? Si lo que queremos es transparencia, yo creería que sí.

El D.L. 1415 entrará en vigor poco después de que el Ejecutivo apruebe su reglamento. Esperemos que sea pronto.

¿Lobby estás? Sí. Estoy preparándome para salir a la luz.