Al margen de las elecciones, por César Azabache Caracciolo

Pese al modo en que se ha hecho frívola nuestra política, mantenemos en economía una relación de acuerdos básicos que se han sostenido como fundamento de la actividad pública durante prácticamente 25 años. 

Estos acuerdos han soportado embates tan dramáticos como el de la transición de fines del 2000-2001 y la retracción de la inversión pública y privada de estos últimos años. Problemas al margen, y salvando diferencias, la agenda de asuntos pendientes, la relación de expertos a consultar y la lista de medidas posibles está clara entre nosotros y trasciende las preferencias de partidos y grupos. 

De hecho, las muestras de frivolidad que han abundado desde que se presentaron las planchas presidenciales han mantenido prácticamente intactos estos fundamentos. Y si funciona en economía, no tendría por qué no funcionar en otros ámbitos igualmente importantes para la estabilización del sistema institucional.

El primer asunto en la lista de temas que deberían replicar la intensidad de estos acuerdos es, desde mi punto de vista, la seguridad ciudadana. Aunque el tema haya llegado tarde a nuestra agenda colectiva, los debates desarrollados en estos últimos años han formado ya el embrión de una política mínima común basada en la atención al ciudadano.

También en la articulación de los cuerpos municipales de serenazgo, la profesionalización de la policía y el uso efectivo, oportuno y visible de los castigos penales en toda clase de delitos, especialmente en aquellos que afectan a las personas en su vida cotidiana, el robo y las formas de violencia urbana. 

En esta área, más allá de cualquier ajuste necesario, el uso intensivo de procedimientos rápidos en casos de agresiones a policías, del que todos hemos sido testigos en estos días, debe marcar un punto de no retorno al que deberá seguir un debate amplio y no necesariamente electoral sobre la necesidad de municipalizar los tribunales y el sistema de castigo de delitos. 

La instauración de fiscalías de ámbito municipal es un gran paso en esta dirección. Hay todavía problemas operativos por resolver, especialmente relacionados con el incremento de la inversión pública que requiere este sector. Sin embargo, las ideas básicas parecen estar ya puestas sobre la mesa. 

Se trata, en adelante, de sostener el proceso independientemente de las elecciones y de la identidad individual de la agrupación que quede a cargo del gobierno.  

Muy cerca de la seguridad ciudadana están la corrupción, el lavado de activos y el tráfico de predios, en que las soluciones dependen de duplicar los procedimientos que ya emplea la policía de narcóticos y terminar de entender que enfrentar con eficiencia estos delitos supone elevar la tasa de intervenciones policiales en flagrancia. 

Asimismo en el momento en que se pagan los sobornos, en el que se entregan fondos de origen incierto para ser lavados y cuando se compra y vende tierras invadidas. El éxito de la persecución en estos casos se obtiene interviniendo en cada caso en tiempo real. Eso exige concentrarnos en el financiamiento de complejas investigaciones policiales y fiscales.

Podemos adoptar acuerdos básicos en todas estas materias y exigir su cumplimiento a quien gane las elecciones. Por cierto, generar políticas públicas desde fuera de la escena oficial no es lo óptimo, pero debemos comenzar por alguna parte.

Libertad para los presos políticos en Venezuela.