(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Alfredo Torres

El fin de la crisis política que tenía paralizado al país desde diciembre y el buen inicio del presidente Martín Vizcarra generaron un clima de tranquilidad y cierto entusiasmo que empezó a diluirse al conocerse su primer Gabinete. Como era de esperarse, surgieron cuestionamientos de uno y otro lado. Se ha criticado que se habría consultado su composición a Fuerza Popular y, sobre todo, la inclusión de dos políticos en carteras muy sensibles: Salvador Heresi, secretario general de Peruanos por el Kambio en Justicia; y Liliana La Rosa, afiliada hasta hace muy poco al Frente Amplio, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), encargado de los políticamente rentables programas sociales.

Lo cierto es que el Gabinete presidido por César Villanueva refleja la debilidad de origen del gobierno de Vizcarra y es un esfuerzo por conseguir el apoyo de las principales fuerzas políticas del Congreso. El intento por formar gabinetes de ancha base no es nuevo en nuestro país. Desde 1990, cuando el belaundista Juan Carlos Hurtado Miller fue convocado por Alberto Fujimori para presidir su primer Gabinete hasta el Consejo de Ministros que encabezó Mercedes Araoz, los gobiernos en minoría han hecho variados intentos por construir gabinetes “de todas las sangres”, aunque con éxitos muy limitados.

Más allá de los cuestionamientos a uno u otro ministro, queda la sensación de que, una vez más, el país está volviendo a empezar, como en el mito de Sísifo, el rey griego condenado a empujar perpetuamente una roca cuesta arriba por una montaña, la cual volvía a caer antes de llegar a la cumbre, repitiéndose para siempre el frustrante proceso.

Para no repetir la historia de Sísifo, los ministros requieren, de un lado, humildad para entender que su tarea no es refundar el país sino lograr algunos avances en la dirección correcta y, del otro, conciencia de que cuentan con muy poco tiempo para lograrlo. Lo primero implica construir sobre lo avanzado en gestiones anteriores y no tirarlo por la borda. Lo segundo, aceptar que la esperanza de vida de un ministro en el Perú es de un año.

Por lo tanto, los primeros 100 días son fundamentales. El presidente del Consejo de Ministros pedirá la confianza al Congreso probablemente a fines de abril. Tiene la posibilidad de pedir facultades delegadas y seguramente se las darán en mayo. Lo ideal sería que aproveche el Mundial de fútbol –entre el 14 de junio y el 15 de julio– para promulgar los decretos legislativos de las facultades delegadas y poder llegar a Fiestas Patrias con algunos avances que mostrar y una proyección sensata hacia el 2021.

El clima de tregua política que hoy se vive y que se prolongará durante el Mundial de fútbol es una excelente oportunidad para tomar medidas difíciles pero necesarias. Los políticos que se opusieron a Pedro Pablo Kuczynski y promovieron su renuncia dejarán trabajar a Vizcarra unos meses para no ser acusados nuevamente de obstruccionistas. Luego de Fiestas Patrias, la atención del país estará en el proceso electoral regional y municipal. Vizcarra podría conseguir un segundo aire para gobernar si se mantiene neutral, pero la posibilidad de conseguir apoyo parlamentario para medidas difíciles en medio de las elecciones será mucho menor.

El foco de las medidas para los primeros 100 días debería estar en que el país pueda recuperar la senda del crecimiento económico de manera sostenida. Solo con más crecimiento habrá más empleo y más recursos fiscales para combatir la anemia infantil, mejorar la calidad de la educación y los servicios de salud, entre otras tareas fundamentales del Estado. Cada ministro debería preguntarse qué medidas requieren tomarse pronto para que el Perú sea un mejor lugar para vivir en el mediano plazo.

Las medidas de los primeros 100 días pueden ser difíciles y, sin embargo, generar apoyo nacional como, por ejemplo, llevar a cabo el plan del ministro Rogers Valencia para ampliar el turismo, lo cual pasa por enfrentarse a intereses creados y el poder que estos ejercen en lugares como Machu Picchu pueblo.

Pero también pueden ser más controversiales como la reforma laboral. El factor que más limita la creación de empleos formales en el Perú es la diferencia de costos entre empresas formales e informales. El tema ha sido estudiado en amplitud. De lo que se trata es de decidirse a tomar medidas que reduzcan esa brecha, tanto reduciendo los costos de crear empleos formales como encareciendo los costos de la actividad informal, mediante inspecciones y sanciones. Una medida inmediata, por ejemplo, sería permitir la contratación de trabajadores a tiempo parcial que puedan trabajar en jornadas completas durante dos o tres días por semana en lugar del esquema actual que permite un máximo de cuatro horas diarias.

La historia nos enseña que los primeros cien días son los de mayor respaldo de la opinión pública y de mayor respeto parlamentario. El presidente Vizcarra no tendrá una mejor oportunidad. Confiemos en que la sabrá aprovechar.