¿El pueblo contra la corrupción?, por Fernando Rospigliosi

El presidente Martín Vizcarra ha interpretado el resultado de la votación del domingo pasado –referéndum y elecciones regionales– como un masivo rechazo popular a la corrupción. Es una verdad a medias.

No cabe duda de que existe una monumental indignación hacia la corrupción, sobre todo hacia la de los políticos, pero también hacia toda clase de funcionarios y hacia las instituciones mismas. No es para menos, teniendo en cuenta que todos los ex presidentes de las últimas tres décadas están investigados por casos de corrupción y son considerados culpables por la inmensa mayoría de los ciudadanos, por no hablar de los escándalos que han involucrado en los últimos meses a congresistas, jueces, etc.

Pero a la vez, esos mismos indignados son los que votan por los candidatos que una vez electos hacen lo que se sospechaba iban a consumar cuando estuvieran en el cargo, usarlo para su beneficio particular.

Ejemplos hay muchos. Gregorio Santos, en prisión preventiva por muy fundadas acusaciones de corrupción, fue reelecto gobernador regional en primera vuelta en el 2014 con más de 44% de los votos. Benicio Ríos (APP), Edwin Donayre (APP), Guillermo Martorell (FP), Zacarías Lapa (FA), hoy sentenciados, estaban procesados antes de ser elegidos al honorable Congreso de la República en el 2016 como sus representantes por los tolerantes electores.

En los recientes comicios regionales han sido elegidos varios gobernadores con sentencia suspendida, pedido de prisión preventiva o acusados de delitos graves como violación sexual.

Para consuelo de muchos, eso no ocurre solo en el Perú. En Brasil Lula encabezaba las encuestas estando preso y sentenciado por corrupción. Si no ganó es porque no pudo postular. En la India “los candidatos no solo son elegidos a pesar de ser criminales, sino que muchos lo son precisamente por serlo”, dice Daniela Meneses citando un serio estudio realizado en la más grande democracia del mundo. Allí “un candidato con un caso criminal tenía tres veces más chance de ganar que un candidato sin este”. (“¿No a los corruptos?”, El Comercio 12/12/18).

La experiencia de observar a un antecesor preso tampoco vale mucho. El actual alcalde de Chiclayo, David Cornejo, está en la cárcel por presuntamente pertenecer a una organización criminal. Él no se amilanó porque su predecesor, Roberto Torres –famoso más por su relación con Katiuska del Castillo que por los delitos de los que se le acusa–, fue a prisión por cargos similares.

Situación parecida ha ocurrido con varios alcaldes en el distrito de San Marcos, Áncash, rico por el canon de Antamina. Uno tras otro han terminado en prisión. En Áncash, luego de varios períodos de César Álvarez y su mafia en el gobierno regional, fue elegido Waldo Ríos que no pudo terminar su mandato porque también fue condenado a prisión.

Alejandro Toledo lideró la caída de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y apoyó decididamente el sistema anticorrupción para juzgar a su antecesor y sus cómplices, al tiempo que pedía y obtenía decenas de millones de dólares en coimas de empresas constructoras, según la verosímil versión de los sobornadores.

Todos ellos tenían la expectativa de quedar impunes. De hecho, es muy probable que muchos de similares características sigan incólumes. Es decir, la probabilidad de ser atrapado con las manos en la masa no es alta, salvo que el escándalo se destape en otro país.

Por todo eso, decir que ahora, en un país sin un mínimo de institucionalidad, estamos ante un nuevo amanecer con Vizcarra, que somos espectadores del nacimiento de un Perú distinto, libre de corrupción, como sostienen muchos vizcarristas, no solo es ingenuo sino necio y probablemente, en algunos casos, oculta intereses inconfesables.

Otrosí digo: A propósito de la presunta vigilancia que realizaban agentes de inteligencia de la Policía Nacional en un vehículo de espionaje en las inmediaciones del domicilio del ex presidente Alan García, la semana pasada recordé el operativo policial de seguimiento que me hicieron en el año 2013 y que fue revelado por “Cuarto poder” de América TV, en el cual estuvo implicado el hoy ministro del Interior, general (r) Carlos Morán, el general José Céspedes y el coronel Arcenio Domínguez (estos últimos jefe y subjefe de la Dirección de Inteligencia de la policía, Dirin, en aquel entonces). Pues bien, el 28 de noviembre Morán nombró a Arcenio Domínguez como jefe de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin). Es su compañero de promoción. Un oficial que dirigió un operativo ilegal de espionaje es premiado con un puesto similar al que ocupaba hace cinco años. No tienen pudor. Son impunes. Van a seguir haciendo lo mismo, respaldados masivamente por la coalición que apoya a Vizcarra y que pasa por alto todas las tropelías que comete el gobierno.