Carlos Basombrío Iglesias

Analista político y experto en temas de seguridad

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Continúa la grave crisis por las acusaciones de corrupción contra el presidente Martín Vizcarra y la espada de Damocles aún se cierne sobre él, dada la presentación de un segundo pedido de vacancia, cuya admisión recién se discutirá este sábado.

Durante este compás de espera, aparecen nuevas revelaciones del cuarto colaborador eficaz en el Caso Hospital de Moquegua que refuerzan la hipótesis de la culpabilidad del presidente, pues ofrece detalles y formas de corroboración.

Muy reveladora resulta también la nota “Vizcarra miente (de nuevo)” de Laura Grados en . Ella se remite a la entrevista en “Cuarto poder” en la que Vizcarra mostró una lámina para sostener que cuando llegó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones descubrió que todas las licitaciones se ganaban al 108% del precio base y que lo primero que hizo fue anular una que había favorecido a ICCGSA y Obrainsa. La convocó de nuevo, ganando el postor con el 88%. Esta explicación la hizo en su momento en el Congreso, pero, incluso antes, ya la había expuesto en una sesión del Consejo de Ministros en la que –creo– todos en el Gabinete (o, más bien, todos menos uno) la percibimos como una buena práctica.

Sin embargo, en base a documentos oficiales, Grados demuestra que Vizcarra no dijo la verdad. Él no anuló el resultado de esa licitación. Más bien, esta fue declarada desierta el 26 de julio del 2016, durante el gobierno de Ollanta Humala. Ojo: entre los postores perjudicados por la decisión del gobierno de Humala estaban ICCGSA y Obrainsa. Recién en la segunda, la convocada por Vizcarra, ganaron ICCGSA y Obrainsa.

Grados resume así sus hallazgos: “Martín Vizcarra no anuló ninguna licitación a favor de ICCGSA y Obrainsa. No existe un monto licitado de S/206 millones. Tampoco hubo un ahorro de S/22 millones. El presidente mintió y la fiscalía debe investigarlo en los meses siguientes para que cuando termine su mandato le responda al país con la verdad y no con cuadros con información falsa”.

Buscar la verdad, por dura que esta sea, no es sinónimo de estar con los “vacadores”. De ninguna manera. Si bien las acusaciones contra el presidente parecen sólidas, estamos ante un tema que debe ser manejado a nivel de las instituciones de justicia.

Para mí, el tema de la incapacidad moral permanente es debatible en este caso. Pero pesa mucho más el hecho de que los que impulsan la vacancia no tienen idoneidad moral para ofrecerse como justicieros en la lucha contra la corrupción y el delito en general.

Que la promueva la bancada que llegó al Congreso arrastrada por los partidarios de Antauro Humala, que se encuentra en la cárcel por el asesinato de cuatro policías. Que la aliente Édgar Alarcón, cuyo pedido de levantamiento de inmunidad por varios delitos se halla encarpetado por Manuel Merino desde hace meses (como lo está también el desafuero de Humberto Acuña, condenado a prisión efectiva por corrupción y que, mondo y lirondo, sigue presidiendo la Comisión de Presupuesto).

Que se hayan sumado varias firmas de Podemos Perú, el partido de José Luna Gálvez (investigado tanto en el Caso Lava Jato como en Los Cuellos Blancos del Puerto), que promueve la candidatura de Daniel Urresti (cuyo juicio por el homicidio de un periodista ya empieza) y que tiene entre sus filas a Cecilia García (que entendería que alguien salga a quemar a los bancos por “usureros” y que comprende que Sendero Luminoso se haya alzado en su momento contra los abusos).

Y no sigamos más. La lista es larga y multipartidaria.

Parafraseando la pregunta de Víctor Raúl Haya de la Torre, formulada hace casi medio siglo:, ¿quién moralizaría a estos moralizadores si llegan a Palacio de Gobierno?

El peor escenario para el país, en una crisis en la que no hay opciones buenas, es la vacancia. Para variar, hay que apoyar el mal menor.

Ahora bien, el último giro que le ha dado a esta crisis el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, es muy preocupante. Ha declarado que “las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero están para hacer respetar las leyes, la Constitución y el Estado de derecho. Esa es función de las Fuerzas Armadas también y no se va a permitir que se rompa el Estado de derecho con tanta necesidad que hay en la gente”.

La PCM ha salido a decir que Martos no dijo lo que dijo, pero ya lo dijo e instaló la preocupación.

Que no queden dudas: si el Congreso tomara la inoportuna, indeseable, dañina e irresponsable decisión de vacar al presidente y el Gobierno usara a las Fuerzas Armadas para “restaurar el Estado de derecho”, estaríamos ante un golpe de Estado.

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