Iván Alonso

El adelanto de elecciones es la manera más segura de llegar, no a una solución de la crisis política, sino a un nuevo adelanto de elecciones en dos o tres años más. Quienes lo proponen lo saben, y por eso advierten que antes tienen que hacerse algunas reformas políticas. Hablamos, obviamente, de quienes hacen la propuesta en serio, no de quienes la usan de pretexto para socavar el orden constitucional.

Uno de los problemas que las reformas tienen que abordar es el de la extinción de los propiamente dichos y la proliferación de franquicias electorales, entendidas como partidos aptos para competir, pero sin nada importante que ofrecer. Los partidos pueden tener buenas o malas ideas, pero al menos se espera que lleguen al poder con planes predecibles y con gente preparada para ejecutarlos. Las franquicias son las carretas de los aventureros, y son las principales responsables de ese círculo vicioso de elecciones, euforia, decepción y nuevas elecciones en el que estamos atrapados.

Ese círculo vicioso no es fruto del azar. Son las regulaciones del mercado electoral las que determinan qué tipo de partidos podrá sobrevivir y competir con éxito (con éxito electoral, se entiende). Las regulaciones que tenemos actualmente han creado un mercado cautivo, con altas barreras de entrada y en el cual es más difícil mantenerse para los partidos doctrinarios que para las franquicias.

El bienintencionado objetivo de limitar el poder de las “cúpulas”, comenzando con la instauración del voto preferencial hace más de 40 años, ha ido minando la capacidad y la motivación de los dirigentes para impulsar la vida partidaria de donde surgen los planes y los equipos de gobierno. Nadie puede garantizar la consistencia doctrinaria y programática si no tiene la libertad de designar a los candidatos de su partido por los procedimientos que el propio partido considere convenientes. ¿Cuántas personas, en esas condiciones, se abocarán a la tarea de recolectar las firmas, organizar los comités departamentales y tantos otros requisitos para conseguir la inscripción en el registro electoral?

Pero el cálculo de costo y beneficio es diferente para quienes no tienen una doctrina y un programa que defender. La inscripción adquiere un valor de cambio que justifica el esfuerzo. Se convierte en una franquicia, un derecho de llave que da acceso al mercado electoral; un derecho que se puede arrendar, real o figurativamente. El dueño de la franquicia puede tener sus propios intereses y tratará de promoverlos reservándose algunos lugares en la lista de candidatos; por lo demás, dejará al arrendatario perseguir los suyos. Pero, por sobre todas las cosas, el dueño tratará de mantener el valor de su franquicia; en otras palabras, tratará de mantener vigente su inscripción. Los candidatos que buscan popularidad a toda costa no lo incomodan, sino todo lo contrario. El sistema tiende al populismo; y el populismo termina siempre en decepción.

¿Cómo salimos del círculo vicioso? Simplificar los requisitos para la inscripción de los partidos reducirá el valor de las franquicias electorales. Desregular las actividades partidarias alentará la participación política de gente genuinamente interesada en ideas y planes de gobierno. Démosle una chance de competir contra tanto aventurero.

Iván Alonso es economista