Los muertos vivientes, por Alfredo Torres

Hace cincuenta años se estrenó “La noche de los muertos vivientes”, una película serie B que inició una saga de terror que continúa hasta hoy. En ella, los personajes centrales son los zombis: seres que se creen vivos, pero que ya han muerto. Desde el punto de vista político, las declaraciones de Jorge Barata han causado el mismo efecto sobre la clase política peruana. El virus Odebrecht ha convertido en muertos vivientes a sus líderes más connotados y amenaza con infectar a varios más.

Según los montos aportados y su naturaleza, se puede clasificar el grado de infección de los involucrados. El caso más grave es, sin duda, el de Alejandro Toledo, no solo por el monto que habría recibido sino porque los US$20 millones, de acuerdo con el testimonio de Barata, fueron una coima exigida por el ex presidente. En la medida en que quien sería el intermediario de la coima, Josef Maiman, está colaborando con la fiscalía, es cuestión de tiempo que Toledo –hoy en Estados Unidos– sea extraditado y encarcelado. Ojalá ocurra lo mismo con quien sería el cerebro financiero de la operación, Eliane Karp.

De acuerdo a los montos recibidos, después de Toledo siguen Ollanta Humala y Susana Villarán. Según Barata, Humala habría recibido US$3 millones, mientras Villarán US$2 millones –más US$1 millón adicional de OAS–. Dada la magnitud de los aportes y, según parece, otras pruebas, el juez ordenó la prisión preventiva de Humala y Nadine Heredia. En el caso de Villarán, la fiscalía no ha pedido su detención, pero su caso es muy delicado porque Odebrecht y otras empresas brasileñas desarrollaron obras bajo su gestión. Y, al igual que en el caso de Humala, hay sospechas de beneficios indebidos. Cabe recordar que en el caso de otras constructoras brasileñas hay también testimonios de pagos de coimas a Toledo (Camargo Correa) y de generosos aportes a Humala y Villarán (OAS).

Las presuntas contribuciones a las campañas de Pedro Pablo Kuczynski y Alan García fueron mucho menores que las anteriores –US$300 mil y US$200 mil, respectivamente– y podrían considerarse montos más típicos de una contribución empresarial a una campaña electoral, pero la situación se complica al no haber sido declarados y provenir probablemente de la ilegal “caja 2”. Más aun, en el caso de Kuczynski, el aporte a su campaña se suma a los cuestionados servicios profesionales que brindó su empresa Westfield a Odebrecht en los tiempos en que era ministro de Toledo.

El caso de Keiko Fujimori sería diferente porque ella no llegó al poder y, por lo tanto, no estuvo en capacidad de favorecer a Odebrecht con alguna concesión; sin embargo, sí fue congresista y sigue siendo líder del partido con mayor presencia en el Congreso, lo que a ojos del público la pone también bajo sospecha. Además, el millón de dólares que habría recibido de la “caja 2” y los US$2 millones que pusieron 10 grupos empresariales –incluido Odebrecht– para intentar evitar que Humala ganara las elecciones del 2011 la estigmatizarán como la candidata de los ricos en futuros procesos electorales.

No es novedad que los grupos empresariales apoyen candidatos en el Perú y en todas partes. Tampoco es novedad que a veces aporten a más de un candidato. Lo hacen como un seguro, temen ser castigados si gana un candidato al que no apoyaron. Lo novedoso es que por primera vez se conocen detalles de estas colaboraciones y que la escandalosa magnitud de los aportes de Odebrecht supera largamente los montos que solían poner los grupos nacionales. Naturalmente, la ciudadanía piensa que se trataba de “inversiones” que rendirían un alto retorno en cuanto los candidatos auspiciados ganasen las elecciones. Dicho sea de paso, las elecciones del 2011 podrían ser conocidas como las elecciones de Odebrecht vs. Odebrecht, ya que todo indica que esta empresa fue la mayor aportante de los dos principales candidatos.

Luego de las declaraciones de Barata, las elecciones peruanas nunca serán las mismas. Los políticos, que ya estaban desprestigiados, serán vistos con aun más desconfianza. No solo los que recibieron aportes de Odebrecht, sino todos. La ciudadanía verá a los candidatos con la crudeza con la que Víctor Andrés García Belaunde los describió en una entrevista radial: “La candidatura presidencial es un negocio. En los procesos electorales hay muchos candidatos, no solo por el currículo o la vanidad personal sino porque siempre se recibe, a todos les cae”.

No es posible eliminar por completo el riesgo de aportes clandestinos de empresas o, lo que es peor, de países extranjeros en las campañas electorales –recordemos el apoyo del chavismo a Ollanta y Nadine en el 2006–, pero sí se puede controlar mejor si se obliga a transparentar el gasto en publicidad. Solo así se podrá saber con exactitud cuánto gastó cada candidato y se le podrá exigir dar cuenta exacta del origen de esos recursos.