La verdadera amenaza, por Daniela Meneses

La noche del 24 de diciembre del 2017, Pedro Pablo Kuczynski consideró apropiado anunciar el indulto a Alberto Fujimori. Poco más de un año después, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, también se apoyaba en una fecha especial para transmitir información clave al país: la noche del 31 de diciembre comunicó la remoción del fiscal superior Rafael Vela y del fiscal José Domingo Pérez como coordinador y miembro, respectivamente, del equipo especial que investiga el Caso Lava Jato. Como en el 2017, ni el día ni la hora elegidas para sus discursos pudieron evitar la crítica generalizada, marchas incluidas. Porque, como ya deberíamos saber los peruanos, frente a anuncios como estos no hay fecha que te esconda.

No se trata aquí de endiosar la actitud de los fiscales Vela y Pérez, como erróneamente hace un sector de la población. Ni tampoco de creer ciegamente y sin una investigación de fondo que nada de lo que ha dicho el fiscal Chávarry puede tener algún nivel de verdad, pero sí de entender que, como bien decía ayer el editorial de este Diario, la decisión no parece tener que ver “con la forma en la que han hecho su trabajo ambos fiscales, sino con una ojeriza sostenida por el fiscal de la Nación al sentir que se ponía en tela de juicio su autoridad”. Recordemos, además, que esta remoción se da luego de que el fiscal Pérez solicitara la semana pasada denunciar al señor Chávarry por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia, en las modalidades de encubrimiento personal y encubrimiento real, y luego de que el fiscal Vela haya denunciado una campaña de hostilización de parte del Ministerio Público contra el grupo de fiscales de Lava Jato.

Es cierto, por otro lado y como dice el fiscal de la Nación, que el señor Pérez ha venido cuestionando su nombramiento. Pero lo que le falta a esa frase es agregar que hay buenas razones para hacerlo. Y que, a diferencia de lo que él cree, no es el fiscal Pérez quien “con tal proceder ha logrado que diversos sectores de la sociedad y hasta titulares de poderes del Estado descalifiquen al titular de la Fiscalía de la Nación”. Para eso no ha necesitado ayuda. Incluso dejando de lado los señalamientos por presunta obstrucción de justicia o presuntamente integrar Los Cuellos Blancos, existen varios hechos que han puesto en duda la capacidad ética del señor Chávarry para ocupar tan importante cargo. Solo por recordar uno de ellos: inicialmente negó haberse reunido con periodistas en la casa del empresario Antonio Camayo, pero luego admitió que no había dicho la verdad, aunque “en ningún momento […] con afán de mentir. [...] Yo en el fondo lo que buscaba era el prestigio de la institución”.

Frente a esta decisión, preocupa ahora cuál será el destino de las investigaciones. No solo porque han quedado a cargo de dos fiscales que no tuvieron ningún inconveniente en aparecer al lado del señor Chávarry cuando este comunicaba esta decisión (sin, por supuesto, luego admitir preguntas de la prensa), sino por el momento delicado en el que esto transcurre. Para el 11 de este mes está programada una reunión en Sao Paulo para firmar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y a partir del 13 las diligencias con Jorge Barata. El procurador ad hoc para el Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, ha advertido ya el peligro de que Odebrecht dé marcha atrás en la suscripción del acuerdo, y no tendrá cómo saber si es que los nuevos fiscales estarán de acuerdo con los términos actuales. Ramírez había advertido también que no se podía hacer público el convenio, a pesar de lo cual el lunes el fiscal Chávarry aseguró que eso es precisamente lo que hará, amparándose en que, según él, “el 60% de peruanos quiere conocerlo y eso es legítimo”.

Si al fiscal de la Nación le preocupa tanto la institucionalidad del Ministerio Público y lo que piensa el Perú, haría bien en recordar no solo quién es el verdadero culpable del daño que se le viene infligiendo, sino también que 67% de la población no estaba de acuerdo con que siga en el cargo.