Contra los poderes ocultos, por Hugo Guerra
Contra los poderes ocultos, por Hugo Guerra
Redacción EC

Preocupa por amenazante la denuncia formulada por el oficialismo contra tres magistrados del (TC), quienes, a través de un fallo histórico, han enmendado los excesos del (CNM).

Gerardo Eto, Carlos Mesía y Ernesto Álvarez suscribieron, efectivamente, una sentencia que dispone nombrar a Mateo Castañeda Segovia como fiscal supremo y ordena al CNM que expida el título y le tome juramento en el plazo de diez días; y que se anule el nombramiento de las fiscales supremas Zoraida Ávalos y Nora Miraval.

El fundamento de su fallo es inobjetable. Castañeda recurrió ante el TC ‘por salto’ (forma extraordinaria pero admisible) para que el CNM obedeciera sentencias anteriores que cuestionaban el nombramiento de las fiscales mencionadas y ordenaban que la elección del fiscal supremo se hiciera justamente entre Castañeda y César Hinostroza. Frente al incumplimiento, se aplicó el artículo 59 del según el cual, cuando un órgano público es rebelde a cumplir un mandato constitucional, el juez constitucional está obligado a sustituir la sentencia a las tareas de ese órgano público y subsanar el defecto en resolución ampliatoria (lo que en derecho se denomina ‘ultima ratio’).

Con este fallo no se afecta ni avasalla al CNM, pues nadie niega su autonomía para nombrar a jueces y fiscales según ley; pero cuando sus resoluciones resultan violatorias del debido proceso y los derechos fundamentales de las personas es el TC el llamado a corregir los excesos e impedir la impunidad que, como en esta ocasión, se plasma con rebeldía y contumacia. Lo mismo ocurre con la Corte Suprema, a la cual se le puede exigir nuevas sentencias; y el propio Parlamento está obligado a acatar controles externos como acaba de verse en el caso de la , cuyos excesos han sido frenados por el Poder Judicial.

El fallo, entonces, tiene que cumplirse. Y un eventual recurso de aclaración deberá resolverse por los magistrados que hicieron el fallo, sin los magistrados que votaron en contra y sin interferir el proceso de ejecución de la sentencia. Por eso preocupa que el presidente no defienda como corresponde los fueros de su colegiado y que, más bien, esté abriendo la peligrosa posibilidad de que el Congreso empiece a controlar y mediatizar las decisiones del TC.

Entre tanto, es muy grave que se aliente un escándalo seudojurídico mientras se permite la recomposición cuestionable de la junta de fiscales supremos (que comenzó con la hostilización y salida de Gladys Echaíz); y que se mantenga en el cargo a un fiscal supremo cuya legitimidad es polémica. “Sobre su elección penden muchas sombras de dudas y sospechas. No olvidemos que es cuestionado por no haber intervenido en Áncash y vale recordar que tienen una acusación constitucional pendiente de resolución en el Congreso”, ha dicho, por ejemplo, el congresista Mesías Guevara.

De modo que hoy debe decidirse qué se quiere: ¿fortalecer el control constitucional y democrático de las instituciones republicanas respaldando a los magistrados Eto, Mesía y Álvarez o amparar la manipulación política que destruiría al TC y facultaría la existencia de poderes oscuros en el ?