"Hay estrategias para enfrentar el crimen organizado que, si se fortalecen, son las mejores armas para enfrentar el asunto" (Ilustración: Giovanni Tazza).
"Hay estrategias para enfrentar el crimen organizado que, si se fortalecen, son las mejores armas para enfrentar el asunto" (Ilustración: Giovanni Tazza).

Los desafiantes problemas de seguridad están siendo enfrentados por un gobierno que, como en muchas otras materias, no se guía por un programa.

Ello es reemplazado por las genialidades que se les van ocurriendo. Veamos:

1. (28/7/2021): “Creemos que debemos expandir el sistema de las rondas […] para dar seguridad a toda la población. A imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas […]. Asignaremos un presupuesto para dotarlas de logística necesaria”. No pasaron ni 15 días para que la propuesta fuese abandonada por completo por lo peligroso que era darles “logística” para trabajar activamente en seguridad y por el hecho de que, para la prevención, existen desde hace décadas las juntas vecinales, que son promovidas por la policía.

2. Pedro Castillo (28/7/2021): “Los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar”. Ni siquiera debe haberse dado cuenta de que ello implicaba volver a la leva que tanto abuso y discriminación generó. Además, omitió un pequeño detalle: los ‘ninis’, como se conoce internacionalmente a quienes están en esta condición, son en el Perú más de un millón de personas. Esto es cerca de diez veces más que el tamaño de nuestras Fuerzas Armadas y, por ende, de la capacidad de sus instalaciones. A mediados de agosto, ya nadie en el Gobierno hablaba de ello.

3. Pedro Castillo (28/7/2021): “Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo, a partir de la fecha, para salir del país”. Esto era una barbaridad, puesto que, dada la presunción de inocencia, si son delincuentes, quiere decir que ya están condenados y, por lo tanto, deben pagar con cárcel y no beneficiarse de la libertad en su país.

Cinco meses después, decidieron implementarla con una parafernalia que incluía al propio presidente. Se sabe ahora que buena parte de los “deportables” no tenían siquiera antecedentes. Y la prepotencia se convirtió en una mala telenovela cuando ni siquiera obtuvieron el permiso para que el avión aterrizara en Caracas.

Una grave violación de los derechos humanos, sumada a un papelón monumental, que en un gobierno “normal” habría llevado al canciller y al ministro del Interior a renunciar de inmediato. Idea cancelada hasta nuevo aviso.

4. (20/8/2021): “[Para que] en los dos últimos años de la educación secundaria, cuarto y quinto de secundaria, puedan hacer voluntariado en las comisarías y también puedan apoyar a la policía a través de patrullaje juvenil, que ya existe”. El exministro del Interior estaba proponiendo, nada menos, que menores de edad estén en las comisarías y patrullando con la policía. Le llovieron, merecidamente, las críticas y nunca se dio un paso en esa dirección.

5. Resolución Suprema 191-2021-IN (2/11/2021): “Autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales a las regiones policiales de Lima y Callao, por el término de treinta (30) días calendario”. La firman los triste y brevemente célebres Barranzuela y Ayala.

Se trata de la típica medida populista que cree que el problema puede enfrentarse con estados de emergencia de 30 días y mediante la participación de las Fuerzas Armadas. En los pocos países en los que se ha puesto en práctica, ha fracasado. Pero en el caso peruano, ni siquiera esa discusión tiene sentido. Luego de publicada, nunca más volvieron a hablar del asunto y esperaron que acaben los 30 días sin que ocurra nada. Ahí quedó otra brillante idea.

6. (15/12/2021): Sostuvo que el sector que lidera estaba evaluando tipificar el cobro de cupos como “terrorismo extorsivo”, ya que esto permitiría el agravamiento de las sanciones para este tipo de delitos. En sus versiones agravadas, la extorsión tiene penas de hasta 30 años. Mezclar papas con camotes es un despropósito jurídico que traería consecuencias. El problema no son las penas, sino la eficacia. Hay estrategias para enfrentar el crimen organizado que, si se fortalecen, son las mejores armas para enfrentar el asunto.

Al final, lo único relevante de estos cinco meses es el haber nombrado 13 prefectos regionales afiliados al Fenate-Movadef. Ello, además de ser una ofensa a la memoria de las víctimas del terrorismo, constituye en sí mismo un grave problema de seguridad.

Todo esto es muy serio. Con la situación de la seguridad se puede hacer un símil con un paciente en cuidados intermedios. No hay cura milagrosa. Estamos ante un proceso complejo en donde se requiere inteligencia y mucha perseverancia para pasarlo, al menos, “a cuarto”. En cambio, con las falsas soluciones que pueblan las prescripciones del Gobierno, no les quepa duda de que la seguridad ciudadana ya está en camino a cuidados intensivos. Si perseveran, el siguiente destino es uno del que ya no hay retorno.

Coda: Reitero mi solidaridad con y . De igual manera, con por el prepotente allanamiento de su domicilio por una deleznable denuncia de un activista del Sodalitium Christianae Vítae, en reiterada venganza por su libro “Mitad monjes, mitad soldados”.

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