Empiezo por expresar mi total apoyo a la convocatoria de marchas por la paz, como forma de expresar la exigencia ciudadana de que no haya violencia en las anunciadas . Lo que no es adecuado es que la Policía Nacional del Perú (PNP) las convoque.

En ese contexto, me preocupan las declaraciones de la jefa suprema de las FF.AA. y la PNP, que dan cuenta de lo poco que entiende de su rol. Se le pregunta si el llamado a la marcha es papel de la PNP e indicó que “…ha sacado una convocatoria y lo único que puedo decir es que es una institución tutelar que debe velar por la tranquilidad de la sociedad. Creo que ya han retirado su tuit y en buena hora”. Sobre si autorizó la convocatoria por parte de la policía, la presidenta dijo que “no estaba enterada”. Respecto a si fue decisión del ministro del Interior, la mandataria manifestó: “no sabría qué decir” (entrevista de Enrique Patriau en “La República”).

Esto me lleva al segundo punto sobre el que quiero llamar la atención. El –y no las fuerzas del orden– debe ser responsable de definir y monitorear cercanamente la estrategia de respuesta a hechos violentos que en este contexto se pueden producir. Se requiere, a su vez, que la PNP y las FF.AA. estén absolutamente concentradas en operativizar en el terreno la complicada misión de mantenimiento del orden.

Las profundas heridas que ha dejado la muerte de 28 personas, sumada a la previsible utilización política de ello, ha hecho que sean más los indignados. De no haber ocurrido las muertes, un sector de la población quizás habría apoyado a Boluarte o al menos se hubiera mantenido neutral, pero ahora puede sumarse a la protesta para expresar su rabia, sin necesariamente coincidir con las plataformas radicales.

Ello requiere un gran esfuerzo de inteligencia que permita distinguirlos de los azuzadores, una suma de pequeños movimientos ultraradicales que medran en estas circunstancias.

Más complicado todavía, probablemente, será lidiar con los mineros ilegales, acostumbrados a vivir en un mundo de extrema violencia en la disputa por el oro. Financiados por sus patrones nacionales y extranjeros se convierten en actores importantes cuando de buscar situaciones extremas se trata.

No digo que sea fácil, ni que se puede obtener los resultados deseados en todos los lugares, pero es indispensable que se actúe en base a buena inteligencia, anticipación en el despliegue y prudencia en las operaciones.

Y ello nos remite al tercer asunto. Es muy probable que el lunes próximo, cuando el Gabinete se presente al Congreso para conseguir el voto de investidura, el ambiente esté muy teñido de lo que ocurra en los próximos días.

Si las protestas son menores que las de diciembre y son manejadas con éxito, se habrá dado un gran paso hacia una razonable estabilidad política, que permita abocarse a la aun así compleja transición hacia el 2024. Si sucede lo contrario, entraríamos a un espiral hacia abajo de mal pronóstico.

No es previsible que se produzcan confrontaciones con la mayoría del Congreso como las que se dieron en el gobierno de Castillo y en los anteriores. Le van a dar la confianza al Consejo de Ministros, pero a la vez hay que ser conscientes de que el Parlamento está ya desprestigiadísimo y ser visto como asociado con un débil Gobierno no es un imán para la popularidad, sino casi garantía de lo opuesto para ambos.

Mi cuarto comentario sobre la coyuntura tiene que ver con las reformas políticas que se deben promover. No hay ninguna mágica, pero hay muchas que podrían ayudar a crear un entorno que repare, al menos un poco y de cara a las nuevas elecciones, la pésima calidad de la oferta política.

Dicho esto, no hay garantía de que ninguna nueva reforma política consiga los 87 votos que se necesitan y, más bien, hay riesgo de que las primarias internas abiertas, una a mi juicio muy necesaria y ya aprobada reforma, puedan ser desactivadas por las cúpulas partidarias. Con lo que tendríamos otra vez a veinte candidatos o más y miles de aspirantes a congresistas compitiendo –y no necesariamente en buena lid– con sus colegas de partido para llamar la atención de cualquier modo para que voten por ellos; a saber, la receta de un desastre anunciado.

Un último tema. Como nos ha explicado Fernando Vivas en su crónica en El Comercio, hay un problema con los plazos de las legislaturas, dado que, si bien el presidente del Congreso puede ampliarlas, no puede adelantar el inicio de la siguiente. Es decir que hasta que empiece marzo no tendríamos siquiera la certeza absoluta de que se conseguirán, de nuevo, más de 87 votos para el adelanto de elecciones. Recuerden que en el perfil de una buena parte de nuestros congresistas la quincena es –como dijera en su oportunidad Javier Valle Riestra– más importante que la historia.

Múltiples escenarios de potencial desastre nos acechan y, para salir bien parados, se necesitan altas dosis de sensatez, capacidad, desapego y suerte. Y de todo ello, últimamente, ha habido poco.

Carlos Basombrío Iglesias es analista político y experto en temas de seguridad