Universidades: el superburócrata, por Fco. Miró Quesada Rada

En artículos anteriores me he opuesto a la Ley Universitaria, aprobada por un grupo de congresistas y con la ausencia de otros representantes, para satisfacer el afán de dominio y control absoluto que está en sus gestores, promotores y defensores, entre ellos el presidente de la República.

Esta ley es inconstitucional por donde se le mire porque viola la autonomía universitaria consagrada en nuestra Carta Magna. Como señalamos, ‘autonomía’ significa la capacidad que tienen los ciudadanos libremente de darse su gobierno, nadie les debe imponer a sus autoridades, y este principio esencial en cualquier democracia no solo funciona en las sociedades abiertas, sino en las instituciones que existen en esas sociedades, como universidades, empresas, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones deportivas, entre otras, porque sus integrantes eligen a las autoridades, las cambian y las controlan. Ninguna autoridad por más poderosa que sea, en una democracia, y en nuestro caso el presidente de la República, está por encima de la ley y desde luego de la Constitución.

Ninguna autoridad aunque sea elegida por el pueblo debe violar la Constitución. Si lo hace, ha cometido delito y debe ser procesada como sucedió con Fujimori, que de paso decidió intervenir San Marcos, La Cantuta y otras universidades y si bien es cierto que hubo infiltración terrorista, como ahora que hay corrupción de algunas autoridades universitarias, eso de ninguna manera justifica un intervencionismo que a la postre se convierte en un pretexto para ponerlas a su servicio. A los corruptos se les aplica la ley penal.

Con esta ley, el intervencionismo se hace más velado bajo la figura de un burócrata al que se le llama superintendente, el cual estará rodeado de unos “expertos” y “especialistas” en educación universitaria. Este superburócrata, por mandato de una ley inconstitucional, decidirá los destinos de miles de universitarios y es primero nombrado a dedo, vale decir, por resolución suprema del presidente refrendada por el Ministerio de Educación, y con un poder total estará por encima de los rectores y otras autoridades universitarias elegidas en sus correspondientes universidades. Entonces, ¿para qué las elegimos si ellas tendrán que rendirle cuentas al superburócrata rodeado de unos tecnócratas, que además responderá al presidente de la República?

Bajo la figura del superintendente, se amenaza a la libertad de expresión en la universidad, porque ahí donde se lesiona la autonomía, también se lesiona la libertad.

Es además una prueba de que empieza a aflorar la cultura autoritaria en el Perú que tanto daño le ha hecho a la democracia. Darle poder a un individuo que reemplazará el poder de una asamblea es la mejor prueba de lo que afirmamos.

La educación es un problema muy serio como para dejarla en las manos de unos cuantos burócratas, quienes, como los sacerdotes medievales les decían a la grey, es mejor que no se metan en cosas que nos les incumben. Además de antidemocrática, esta ley lesiona la dignidad de los peruanos en la universidad porque nos pone en la condición de unos incapaces que no podemos conducir nuestras instituciones, y en consecuencia necesitamos de un tutor que ni siquiera es elegido libremente por la comunidad universitaria.