Martín  Tanaka

La semana pasada comentaba que el gobierno del presidente había cruzado una línea que hasta ese momento se había cuidado de no traspasar: pasó a la ofensiva en su confrontación con el , amenazando en la práctica con la presentación de cuestiones de confianza para forzar su disolución. Hasta ese momento, el Gobierno parecía más bien cómodo asumiendo el papel de víctima ante las maniobras de la oposición y se beneficiaba de sus errores, lo que incluso le estaba permitiendo crecer ligeramente en sus bajos niveles de aprobación.

Este cambio de estrategia ha sido totalmente desafortunado para el presidente Castillo. En primer lugar, porque asumir la postura de que “el rechazo de plano de la cuestión de confianza” equivale a su negación es muy difícil de sostener a la luz de la Ley 31355, no declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC). En efecto, como era previsible, el TC admitió a trámite el 1 de diciembre la demanda competencial presentada por el Congreso, y concedió una medida cautelar “que suspende cualquier efecto que pudiera derivarse del acuerdo adoptado por el Poder Ejecutivo de interpretar como denegada la confianza a la que se refiere el acta de la sesión del Consejo de Ministros” del 24 de noviembre. Y, en segundo lugar, porque ante este cambio de postura esta vez los parlamentarios sienten que su sobrevivencia está amenazada por el Ejecutivo. Hasta ese momento, muchos parlamentarios calculaban, por el contrario, que el Ejecutivo era un aliado para el desarrollo de sus intereses mediante algún tipo de negociación política. Ante la amenaza de la disolución, la moción de vacancia de la presidencia promovida por el congresista Málaga terminó siendo aprobada por 73 votos el 1 de diciembre.

En este momento, lo único que juega a favor del presidente Castillo es que la medida cautelar del TC le quita dientes a la amenaza de la disolución del Congreso, por lo que puede abrirse un nuevo espacio de negociación; sin embargo, el amago del uso de este recurso, así como la aparente importancia que tendrían posturas confrontacionales en el entorno del presidente Castillo, pueden inclinar los votos necesarios para la vacancia. Además, es importante recordar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó apenas ayer la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte, que podría haberla inhabilitado para el ejercicio de la función pública; acaso se perciba que la relación con Boluarte podría ser más beneficiosa para el Congreso que mantenerla con Castillo, ya bastante desgastado no solo por las serias investigaciones fiscales en su contra y en contra de su entorno más cercano, sino también por su manifiesta torpeza política. Es significativo, además, que Boluarte no participara en el Consejo de Ministros del 24 de noviembre, ni participe en el Gabinete presidido por Betssy Chávez.

Es imposible predecir con un mínimo de certeza qué pasará en la votación de la vacancia mañana. De aprobarse la vacancia, el desafío de Boluarte será armar un gobierno capaz de dar una mínima estabilidad al país o, de no ser capaz de hacerlo, de construir un acuerdo que haga posible un adelanto de elecciones generales. De mantenerse Castillo en el poder, mal haría en persistir en un camino de confrontación, en tanto la amenaza de jugar la carta de la disolución del Congreso estaría ya cancelada. El asunto es que no continúe con el juego propuesto hasta ahora, el de negociar la permanencia en el poder a cambio de prebendas o negociaciones particularistas, cuyos costos para el país son cada vez más grandes y notorios para la ciudadanía. La falta de empleo, la caída en la inversión, la inseguridad ciudadana, las crisis alimentaria y sanitaria, y un largo etcétera. De lo que se trata es de construir un gobierno mínimamente creíble y solvente, que plantee una agenda de políticas públicas y de cambios de emergencia que atiendan las urgentes necesidades del país.

Martín Tanaka es profesor principal de la PUCP e investigador del IEP.

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