Más vale tarde que nunca, por Enrique Bernales Ballesteros

El gobierno de la transición democrática que presidió Valentín Paniagua propuso al país revisar la Constitución de 1993. Nombró para tal efecto una comisión de especialistas a los que encargó estudiar el texto vigente y la Carta de 1979, teniendo como meta llegar al bicentenario con una Constitución que contribuya a consolidar la identidad de la nación y la organización del Perú como Estado libre, soberano y republicano.

La Constitución de 1993 proviene del golpe de Estado que la engendró; se aprobó con pocos aciertos en su texto; la mayor parte de la clase política se abstuvo de participar. Se dio entonces un debate pobre, falto de conocimiento sobre las instituciones políticas y donde no hubo la capacidad crítica para incorporar a la Carta lo que el diagnóstico sociopolítico, económico y cultural indicaba como necesidad de inclusión social, modernización y disposición para poner al país a la hora del progreso científico mundial.

Peor fue la prescindencia que de ella hizo el régimen que gobernó el país de 1992 al 2000. Fueron tiempos oscuros durante los cuales se vivió sin Estado de derecho y donde la corrupción se convirtió en parte del sistema de gobierno. Algo debió hacerse apenas el Perú recuperó la democracia, pero tanto los trabajos de la comisión de bases como el estudio realizado por la Comisión de Constitución que presidió Henry Pease se estrellaron con la falta de voluntad política y la conformidad de quienes satisfechos por las modificaciones en el sistema económico introducidas en el Título III no advirtieron las incongruencias del resto de la Carta.

Así, las iniciativas para dar coherencia a un texto que no tiene un buen diseño de institucionalidad política del país quedaron bloqueadas. Los gobiernos de Toledo, García y el actual de Humala han gobernado el país en medio de las contradicciones que plantea un texto que, nos guste o no, tiene un modelo homogéneo en materia económica, mientras el título cuarto sobre estructura del Estado es un amasijo de instituciones sin posibilidad de funcionar como sistemas articulados y direccionados para la interacción y la complementariedad entre sus respectivas funciones y atribuciones. En verdad, el Estado que diseña la Constitución de 1993 si a algo se parece es a un archipiélago.

Ahora bien, la actual Comisión de Constitución del Congreso ha dictaminado proyectos con algunas reformas constitucionales que pueden contribuir a mejorar las principales instituciones políticas del Estado, aunque no todos ataquen la raíz de los problemas que impiden la coherencia estructural del Estado Peruano. Los problemas que provienen de las dificultades habidas en la construcción histórica del Estado no los resolverá ninguna Constitución, sino un proceso profundo de cambio social de larga duración. Pero en cambio ella tiene mucho que ver en la configuración político-jurídica de las instituciones que comparten el poder del Estado y con el modo como este se expresa en el gobierno del país. 

Desde la Constitución de 1979 y también con la actual, el Perú intenta ser una democracia constitucional en un país gobernable, pero no lo logrará si no modifica al menos el capítulo III del Título I sobre derechos políticos y los 14 capítulos del Título IV. Es en ellos donde abundan los errores, las contradicciones lógicas y los anacronismos decimonónicos contrarios al constitucionalismo contemporáneo. Es ahí donde surge un Estado paquidermo imposibilitado para la celeridad, la transparencia, la inclusión, la participación, la eficiencia y los consensos. Como es obvio, quienes administran al paquidermo son el principal obstáculo para una reforma del Estado, que considere hacer cambios en la Constitución. 

¿Qué hacer, pues? Felizmente, tenemos las reservas de la sociedad civil y política. Son ellas las que deberían ejercer iniciativas, movilizarse y proponer iniciativas que ayuden, especialmente al Congreso, a encontrar la voluntad política para comprometerse en una agenda legislativa que priorice el debate en el pleno de esos proyectos que nos devuelvan para el 2016 las expectativas de un cambio por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país.

La agenda está prácticamente lista: ley de partidos políticos, revisión de leyes electorales, derogación del voto preferencial, retorno de la bicameralidad, relaciones Ejecutivo-Legislativo, revisión y mejora de la regionalización, de los sistemas transversales de gobierno, de los mecanismos de elección y funciones de los órganos jurisdiccionales y de control constitucional. Estas medidas han debido adoptarse hace tiempo, pero más vale tarde que nunca. El Estado Peruano no puede llegar al 2016 en la crítica situación en que hoy se encuentra.