Editorial: No más candidatos delincuentes

En el marco de las próximas elecciones municipales, ha sido noticia que –además de los muchos candidatos que omitieron registrar sus condenas pasadas– existen también personas que aspiran a ser elegidas mientras son investigadas o procesadas por diversos delitos. Esta situación nos hace recordar, por ejemplo, el caso de Nancy Obregón, que llegó a ser elegida congresista solo para luego descubrirse, en el 2013, sus vínculos con el narcotráfico. 

El problema que estos hechos suscitan no es menor: existe el peligro de que estas personas sean criminales que quieren acceder a cargos públicos precisamente para poder delinquir desde un sitial privilegiado. No obstante, no puede prohibirse su postulación, pues ello atentaría contra la presunción de inocencia e incentivaría que los candidatos promuevan denuncias injustas contra sus opositores para sacarlos de carrera.

¿Cómo evitar entonces que los diferentes niveles de gobierno caigan en manos de delincuentes? Una pista de cómo podríamos solucionar este problema la encontramos en Colombia. En ese país –donde el peligro de los narcocandidatos es particularmente grande– se ha establecido que los partidos y movimientos políticos tengan responsabilidad por los candidatos que presentan a las elecciones. Así, son mayores los incentivos que tienen aquellos para investigar con detalle y responsabilidad los hechos por los que se acusa a quienes ellos quieren postular a un cargo público.

¿Cómo funciona esto en términos concretos en el vecino país? En Colombia, si una vez elegido, el candidato es condenado por delitos vinculados a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, por delitos contra los mecanismos de participación democrática o por lesa humanidad, el partido también es sancionado. La sanción aplica aun si el candidato no hubiera sido elegido: existe una penalidad incluso si es condenado en el período en el que hubiera ocupado el cargo, por delitos anteriores al aval del partido o movimiento. 

Las sanciones son diversas. Si quien es condenado es un congresista, una posible sanción para el partido o movimiento es la pérdida de la curul. Pero la Constitución colombiana también establece otro tipo de castigos, que pueden llegar a la pérdida de personería jurídica del partido o movimiento. Los directivos de las agrupaciones, si no han procedido con la debida diligencia, arriesgan por su parte ser sancionados con la suspensión temporal del cargo o incluso con la expulsión.

En nuestro caso, sugerimos aplicar estas medidas también para delitos de corrupción. Si, efectivamente, se pudiera sancionar a los partidos o movimientos que postulen a una persona que termina siendo condenada por este tipo de graves ilícitos se desincentivaría, por ejemplo, la candidatura de ex presidentes regionales que van a la reelección pese a haber sido acusados por delitos contra la administración pública. Y sería más difícil también que pasemos por la situación que hoy se atraviesa para la elección de los gobiernos locales: más del 50% de los 1.699 alcaldes que son investigados por delitos de corrupción postulan a la reelección. 

Por supuesto, al imponer esta responsabilidad el Gobierno debería también considerar las maneras de facilitar que los partidos o movimientos obtengan información sobre los candidatos. Una manera en la que puede hacerlo, aplicada también en Colombia, la ha sugerido hace poco para nuestro país el ex viceministro del Interior colombiano Juan Londoño: crear una ventanilla única en la que las agrupaciones puedan obtener información centralizada de sus candidatos. En esta se podría brindar información sobre denuncias, investigaciones y procesos, así como también sobre condenas y otros datos relevantes.

Lo cierto es que debemos encontrar mecanismos para que los partidos y movimientos se hagan responsables por los candidatos que presentan. Si ellos se quieren dar el lujo de presentar a una elección a personas sobre cuya probidad existen dudas, que luego asuman las consecuencias de sus malas decisiones.