Los nuevos congresistas juran a sus cargos el pasado 16 de marzo, en una ceremonia realizada a puerta cerrada por la emergencia del COVID-19. (Foto referencial: Andina)
Los nuevos congresistas juran a sus cargos el pasado 16 de marzo, en una ceremonia realizada a puerta cerrada por la emergencia del COVID-19. (Foto referencial: Andina)
Editorial El Comercio

Es claro que uno de los aspectos del comportamiento de buena parte de los integrantes de la representación nacional anterior que más irritó a la ciudadanía fue su vocación por buscar beneficios para sí y sus allegados a través del cargo. Desde hasta las de dudosa necesidad para sus despachos, los congresistas elegidos en el 2016 incursionaron, en su mayoría, en incontables variantes del ventajismo y con ello se ganaron una reprobación general; incluida la de aquellos que les habían endosado originalmente su respaldo en las ánforas.

Con esa evidencia tan cerca, era de esperar que quienes acaban de asumir la responsabilidad legislativa procurasen curarse en salud de la sola posibilidad de lucir parecidos a sus antecesores. En los últimos días, sin embargo, hemos recibido unas señas de que eso podría no ser así.

Nos enteramos, en primer lugar, de la decisión de –Rubén Pantoja de Unión por el Perú (UPP), Matilde Fernández de Somos Perú (SP) y Juan de Dios Huamán Champi del Frepap– de abordar un vuelo al Cusco autorizado para el 21 de marzo con propósitos humanitarios (retornar a su lugar de origen a gente que había quedado varada en Lima tras las medidas de aislamiento social dispuestas por el Gobierno). Pantoja en particular hizo incorporar en la lista de pasajeros, además, a varios familiares suyos (11 personas con ese apellido viajaron en el avión). Si se considera que solo había permiso para trasladar a 41 individuos (sin contar a la tripulación), la dimensión del privilegio conseguido gracias a la condición de legislador queda a la vista.

Mención aparte merecen las presuntas explicaciones o contemporizaciones respecto de lo ocurrido ensayadas por los propios congresistas viajeros o quienes hablan en nombre de sus bancadas. La representante de SP Matilde Fernández ha dicho, por ejemplo, que debía ir al Cusco para “articular con las autoridades, regionales y locales, las acciones que se vienen tomando contra la pandemia que azota nuestro país”… Como si todo eso no pudiera resolverse a la distancia, a través del chat o el teléfono.

Por otra parte, mientras el presidente del Congreso, Manuel Merino, se ha pronunciado a favor de que el aprovechamiento en cuestión del Parlamento no bien esta se instale, el vocero de SP, Rennan Espinoza, ha sostenido que “ya bastante se les ha llamado la atención” a los legisladores que abordaron el vuelo y que no cree que el caso “amerite llevarlo a Ética”. “Hay que comprender la parte humana y la desesperación”, ha dicho. Pero si tales argumentos fueran atendibles, “la parte humana y la desesperación” de cada uno de los peruanos de a pie que violan el toque de queda o cualquier otra disposición de esta hora extrema tendrían que ser consideradas al momento de decidir si se los sanciona o no.

El segundo caso de búsqueda de un trato diferenciado de parte de un miembro del nuevo Parlamento es el que protagonizó el representante de UPP por Arequipa Hipólito Chaiña Contreras. Él fue intervenido dos días atrás por agentes de la policía cuando , lo que está expresamente prohibido en la actual situación.

Hablamos en suma de cuatro legisladores que, sin haber terminado de estrenarse en el cargo, ya han intentado gozar de prerrogativas especiales gracias a él. Cumplido el proceso electoral, ¿ha sido su consigna “de nuevo y a acomodarse”? ¿Estamos condenados a repetir la indignante historia que vivimos con tantas representaciones nacionales previas?

Si no se evalúan estos casos en Ética y, eventualmente, se los sanciona, lo más probable es que sí. Mejor establecer la pauta del comportamiento que se espera de los congresistas desde el principio que llorar las posibles consecuencias de una absurda largueza al respecto después.