Editorial: Dolor de muelas

El proceso de salida de la señora Dacia Escalante de la jefatura de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) tuvo bastante parecido al de una (mala) extracción de una muela del juicio. 

El parecido tuvo que ver, primero, con la larga y dolorosa manera en que la señora Escalante se resistió a salir, con el apoyo del gobierno, conforme se iban amontonando las escandalosas revelaciones sobre su gestión. 

Así, no fue suficiente para que se produjese su renuncia que estallase un primer (y no menor) escándalo cuando se demostró que ella había hecho venir a Lima a varios de los gobernadores de los que depende su despacho para que hicieran de entusiasta portátil –a veces con los debidos uniformes y banderas partidarias– en actividades como la celebración del cumpleaños del presidente o el aniversario de la fundación del Partido Nacionalista (PN). Tampoco bastó que se sumara a esto la demostración de que la Onagi estaba haciendo de sistema de distribución de regalos del PN, repartiendo por medio de sus gobernadores, vestidos con chalecos partidarios, donaciones provenientes del Ministerio de la Mujer o de los premios no recogidos de las rifas públicas (con los que la Onagi se queda). Ni siquiera sumó lo necesario que algunos de estos obsequios fuesen directamente a premiar a militantes del PN (ya ni siquiera a hacer proselitismo general). Ni fue determinante que ella aparentemente agregase al uso proselitista de los recursos del Estado, la corrupción más chabacana, haciéndose pagos por vacaciones que no le correspondían. Como no lo fue, en fin, el que hubiese intentando hacer crecer los ingresos de su entidad interpretando su jurisdicción sobre las rifas públicas para decretar que cualquier empresa que quisiera hacer promociones comerciales requeriría el permiso de la Onagi, la misma que podría multar a las empresas que incumplieran hasta con S/.380 mil. Aparentemente, el que su presupuesto fuese misteriosamente triplicado en el último año para llegar a los S/.84 millones no era suficiente para la Onagi).

Nada de esto bastó, decíamos, para que Dacia Escalante renunciase o, al menos, para que dejase de intentar defender lo indefendible con “respuestas” como “no voy a responder porque estamos en Semana Santa y soy muy creyente”. Tampoco bastó para que el presidente y su esposa le retiraran su apoyo. Tuvo que estar el ministro Albán en vísperas de una interpelación congresal (formalmente la Onagi depende del Ministerio del Interior –Mininter–), para que la señora Escalante finalmente saliera de su puesto y para que se anunciase ayer la creación de una comisión en el Mininter para dictar “medidas correctivas” sobre la Onagi.

El parecido que ha tenido este penoso proceso con la extracción de una muela del juicio, sin embargo, no se agota en lo mencionado. Se extiende también, y sobre todo, al hecho de que la función que (al menos legalmente) tenían la señora Escalante y la entidad que dirigía se había vuelto innecesaria desde hace ya buen tiempo por efectos de la evolución de nuestra organización estatal y de las tecnologías. Ello, considerando que la mayoría de las funciones reales que tenían los gobernadores fueron transmitidas a las autoridades municipales y regionales durante el proceso de regionalización, al tiempo que su función general de hacer de autoridad delegada del Ejecutivo en lugares que las comunicaciones de la época mantenían a días de los ministerio resulta absurda en los tiempos de Internet. Acaso precisamente por una conciencia de esta falta de funciones reales es que a los gobernadores se les fueron otorgando reglamentariamente algunas otras que resultan francamente curiosas, como representar al Mininter en rifas sociales, certificar la venta de ganado o promover la identidad nacional.

Ateniendo a esto último, resulta difícil no concluir que la salida de Dacia Escalante de la Onagi, siendo un hecho necesario, es a todas luces insuficiente. Mientras exista una organización con 1.829 gobernadores y múltiples tenientes gobernadores esparcidos por todo el país sin funciones reales, pero con salarios y un presupuesto como el mencionado, la Onagi seguirá significando una tentación difícil de resistir para los proselitismos y, en general, para los propósitos extralegales de todos los gobiernos. La señora Escalante es, pues, circunstancial. Lo que tiene que salir de la estructura estatal es la Onagi misma, con todos sus gobernadores.