Ensayando con el calendario

Hace dos días, el presidente Martín Vizcarra, en medio de su habitual rueda de prensa en la que informa sobre el avance del COVID-19 en el territorio nacional y las medidas que va implementando su Gobierno, sorprendió con un inusitado anuncio sobre las próximas elecciones generales.

“No hay que dejar de tener presente”, recordó, “que en abril del 2021 son las elecciones generales, donde elegiremos al nuevo presidente, vicepresidentes y al nuevo Congreso de la República. Y ahí tenemos que ser claros en decir que la democracia también se tiene que fortalecer”. Y luego, tras reconocer que podrían haber algunas variaciones en el calendario electoral (particularmente con las elecciones primarias que debían celebrarse en noviembre de este año), el mandatario volvió sobre la marcha: “Pero eso sí, lo digo con claridad y enfático: que las elecciones generales se tienen que llevar a cabo en abril del año 2021. Porque el problema ya estará superado en ese momento y sí será posible llevar elecciones. Y, obviamente, ratifico que no seré candidato”.

Como se sabe, la pandemia de COVID-19 ha forzado a que muchos países tengan que alterar sus cronogramas electorales mientras tratan de gestionar la crisis sanitaria (en Francia, por ejemplo, la segunda vuelta de las municipales que debían realizarse el 22 de marzo se postergaron). Sin embargo, también se han registrado procesos electorales que, guardando las medidas sanitarias correspondientes y recurriendo a ingeniosas formas de votación a distancia, han sido celebradas exitosamente (como las legislativas de Corea del Sur ocurridas esta semana), quizá como un recordatorio de lo importante que resulta respetar las reglas (los plazos) de juego democráticas, incluso en medio de la tormenta.

En el Perú, a pesar de que este no parece ser un debate inmediato (falta casi un año para las elecciones generales del 2021), ya existen algunos planteamientos para posponer los comicios alegando motivaciones que llaman a la sospecha.

Como reveló este Diario ayer, la bancada de Acción Popular (AP) estuvo sondeando en los últimos días con otras agrupaciones en el hemiciclo sobre la posibilidad de emprender una reforma constitucional (87 votos) a fin de aplazar los comicios generales del 2021. La propuesta, inclusive, habría intentado llevarse a Palacio de Gobierno, pero aparentemente no caló bien por lo visto en la conferencia presidencial del martes.

Según las fuentes, además, la única discrepancia dentro de AP era el tiempo que debían postergarse las elecciones: si por tres años o por los cinco que restan hasta el 2026 (es decir, un período completo de cinco años en el Legislativo). Ambos plazos, sin embargo, lucen menos como una preocupación genuina por la posibilidad de que la ciudadanía se contagie por coronavirus y más como un intento por quedarse en el cargo más tiempo del que constitucionalmente les corresponde. Un ardid que la ciudadanía no debe pasar por alto.

Otro legislador que no forma parte de las filas acciopopulistas, Omar Chehade (Alianza para el Progreso), ha confirmado que mantuvo conversaciones con integrantes de AP sobre el tema y se mostró a favor de dicha opción. “Eso [la postergación] no depende del presidente ni del Congreso”, sostuvo, pero consideró que esta “sería solo un año más o seis meses”.

Pues bien, por un lado, es innegable que existen ciertos puntos del cronograma electoral que deben discutirse. Habrá que ver, por ejemplo, si resultará viable realizar unas elecciones primarias, si los plazos entre la primera y segunda vuelta no deberían constreñirse o si debieran considerarse opciones de sufragio que impliquen que menos gente acuda a los locales de votación el día de las elecciones.

Pero también es evidente que resulta poco probable que dentro de un año nos encontremos en la misma situación que ahora, con una crisis sanitaria igual de desbocada. Y en última instancia, como mencionamos antes, no deberíamos olvidar lo importante que es como país dar el mensaje de que, a pesar de las dificultades y los imprevistos, existe un respeto por los plazos constitucionales que, finalmente, abonan también a nuestra institucionalidad.

Después de todo, la democracia –incluso bajo trances duros– necesita también cierto grado de previsibilidad y menos ensayos.

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