Editorial: Ensayos de ceguera

Durante la última década, la imagen del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha sido un talismán para la izquierda latinoamericana, y su ‘exitoso’ gobierno –durante el que el país alcanzó notorios progresos en materia social– el mantra repetido por todos los líderes en campaña que prometían a los electores trasplantar el ‘modelo brasileño’ al resto de la región.

Esta semana, sin embargo, la imagen del líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) sufrió su más aparatoso revés. En la madrugada del jueves, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) resolvió –por 6 votos contra 5– rechazar el hábeas corpus presentado por la defensa de Lula que buscaba evitar que el ex mandatario brasileño sea encarcelado luego de recibir dos sentencias en dos salas diferentes.

Como se recuerda, en enero, un juzgado de segunda instancia ratificó (e inclusive amplió, de nueve a 12 años) la sentencia dictada por el magistrado Sergio Moro contra el ex presidente brasileño en el 2017. Lula ha sido condenado por recibir un departamento tríplex en una lujosa zona de Sao Paulo de parte de la constructora OAS como retribución por favorecer a esta en sus negocios con la estatal petrolera Petrobras.

A pesar de que son ya tres salas diferentes las que han fallado en contra del ex mandatario, y de la cuantiosa información recabada por el juez Moro (la que incluye la declaración del ex CEO de OAS, convertido en colaborador eficaz), diversos líderes de izquierda han clamado en contra de lo resuelto por el STF y han tratado de pasar como ‘política’ una sentencia que, más bien, parece haber sido escrupulosa con los derechos de Lula. Han revelado, con ello, una ceguera a propósito de las evidencias de corrupción cuando estas manchan la imagen totémica de una figura con la que sintonizan ideológicamente.

El ex presidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006), por ejemplo, ha afirmado en Twitter que el fallo de la justicia brasileña es una “mala noticia para la democracia de Brasil y de América Latina”. Y que el encarcelamiento de Lula –que implicaría, según la legislación electoral del país oriental, la imposibilidad de que se presente a las elecciones presidenciales de octubre– solo servirá para “profundizar la fractura que atraviesa la sociedad brasileña”.

En paralelo, el gobernante de Bolivia, Evo Morales, calificó la sentencia como un “golpe” orquestado por “oligarquías corruptas”. Un libreto similar al esbozado por el dictador venezolano Nicolás Maduro (“la derecha, ante su incapacidad de ganar democráticamente, eligió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares”), por el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa (“todos sabemos que su ‘crimen’ es haber sacado a 38 millones de brasileños de la pobreza, sin someterse a las élites brasileñas”) y por la ex mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner (“las élites del poder, […] utilizan el aparato judicial para su proscripción”).

El problema con sus interpretaciones es que carecen de asidero en la realidad, pues no existen razones que permitan pensar que los derechos de Lula han sido vulnerados. Y la tesis ensayada, que busca culpar a la derecha por la situación actual de la cabeza del PT, parece más bien un intento mal diseñado de desviar la atención del fondo del asunto.

Toda vez que esta es solo una de las varias denuncias que viene enfrentando Lula vinculadas a otros posibles casos de corrupción, colusión, tráfico de influencias, intento de silenciar a un ex directivo de Petrobras, entre otros. Amén de las declaraciones de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata, que apuntarían a una interferencia del ex jefe de Estado en el proceso electoral en el que Ollanta Humala obtuvo la victoria en el 2011.

Tampoco parece democrática ni respetuosa del derecho la negativa de Lula a cumplir con el plazo que le dio el juez Moro para que se entregara voluntariamente a la justicia, atrincherándose en las oficinas del Sindicato Metalúrgico de Sao Paulo.

Ni amenaza a la democracia ni golpe, entonces. Si algo ha quedado ratificado en las últimas horas es que, por un lado, la democracia se ve reforzada cuando la justicia no se amilana ante la necesidad de procesar a los poderosos; y, por el otro, que la ceguera de los líderes izquierdistas amenaza con convertirse en epidemia.