Editorial: Otra ‘epopeya democrática’

Desde que en las elecciones de diciembre del 2015, la oposición venezolana, agrupada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), lograra una avasallante mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa (ANL) al obtener 112 de los 167 escaños, este fuero se convirtió en una incómoda piedra para las derivas autoritarias del régimen de Nicolás Maduro.

Desde antes de su instalación, en enero del 2016, la ANL ya se había convertido en la diana predilecta de un oficialismo que, en el último año y medio, recurrió tanto a sus atribuciones ejecutivas como a la complicidad del Poder Judicial para cercenar, cuando no anular, las facultades del Legislativo.

De hecho, semanas después de los comicios, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela suspendió la elección de tres diputados opositores indígenas por una presunta irregularidad en el proceso que los llevó al cargo. La medida implicaba, más allá de la reducción de curules, la pérdida de la mayoría calificada (dos tercios del Congreso) y con ello la facultad de la oposición para elaborar leyes orgánicas y designar a los miembros del TSJ y del poder electoral.

En agosto del 2016, la decisión de la oposición de juramentar igualmente a los tres diputados –tras más de ocho meses en los que no se resolvía su situación– provocó que el TSJ declarara al Parlamento en “desacato” y advirtiera que todas las resoluciones emitidas por la ANL serían anuladas. La decisión se mantuvo incluso luego de que se revirtiera aquel nombramiento.

La hostilidad del oficialismo hacia la ANL se fue acrecentando hasta dar un giro radical en marzo de este año, cuando en una acción que no puede calificarse como algo menos que tiránica, el TSJ emitió una sentencia informando que se arrogaba “las competencias parlamentarias” en Venezuela “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”. Una resolución que, en la práctica, significaba la consolidación de la dictadura.

Si bien la presión internacional obligó entonces a revertir dicha sentencia, el régimen no cejó en su afán por liquidar el Parlamento. Así, el 1 de mayo, Maduro anunció su intención de crear una Asamblea Nacional Constituyente que reemplazara al Legislativo y que redactara una nueva Carta Magna, algo que se concretó a finales de julio en un polémico proceso electoral diseñado y manipulado por el chavismo, en el que no participó ningún partido opositor. Un atropello a las atribuciones y funciones del Legislativo que terminó de consumarse el último viernes cuando la Constituyente asumió formalmente las principales competencias de la ANL.

La situación se revela más grave aun si se considera, además, que este manotazo al último vestigio de democracia que quedaba en el país llanero se da en el contexto de un continuo deterioro en la calidad de vida de los venezolanos. Desde que Maduro llegó al poder –y tras la caída del precio internacional del petróleo–, el índice de desempleo ha pasado de 7,5% en el 2013 a 21,2% en el 2016, según estimados del Fondo Monetario Internacional, y en el mismo período, la pobreza habría crecido de 34,2% a 81,8%, según la medición de un grupo de universidades venezolanas (no existen cifras oficiales desde el 2013). Esta última también revela que, en el último año, el 72,7% de los venezolanos perdió en promedio 8,7 kilos.

Así las cosas, cabe preguntarse si para el congresista del bloque parlamentario denominado Nuevo Perú, Manuel Dammert, y para el Frente Amplio que lo postuló en sus listas al Congreso (y al que tanto le cuesta condenar a la dictadura chavista) la circunstancia de que, tras haber inhabilitado a diputados opositores democráticamente elegidos, declarado judicialmente a la ANL en desacato, disuelto este poder con sentencias del TSJ, anunciado la nulidad de cualquier decisión que este tomase y haber llevado a cabo una elección fraudulenta para nombrar a un poder alterno e ilegítimo, finalmente se usurpe las competencias del Parlamento constituye –parafraseando sus palabras– otra ‘epopeya democrática’.